La indignación pública continúa creciendo en Estados Unidos mientras se revelan nuevos y perturbadores detalles sobre el caso de una estudiante de la Universidad de Cornell, quien fue presuntamente víctima de una violación grupal en una casa de fraternidad durante el año 2024. El caso ha escalado hasta alcanzar la atención nacional, provocando que la gobernadora del estado de Nueva York intervenga públicamente, prometiendo firmemente que no permitirá que nadie intente ocultar los hechos de este suceso.
Recientes revelaciones, basadas en mensajes de Snapchat, las decisiones de un comité disciplinario de la universidad y una serie de documentos derivados de la investigación formal bajo el Título IX obtenidos por The New York Times, han arrojado nueva luz sobre los acontecimientos ocurridos en la casa de la fraternidad. Estos documentos permiten comprender mejor el estado mental de la víctima, identificada como Jane Doe, en diversos momentos de aquella noche, así como la evolución de su propia comprensión de los hechos a medida que procesaba el trauma en las semanas posteriores al incidente.
Uno de los puntos centrales de la controversia es el escrutinio al que se enfrenta la Universidad de Cornell debido a sus declaraciones contradictorias. Inicialmente, la institución afirmó que la policía del campus había investigado las acusaciones en 2024 y que había compartido la totalidad de la información recopilada con la Fiscalía del Condado de Tompkins. Sin embargo, la universidad modificó posteriormente su versión, admitiendo ahora que la policía investigó los hechos, pero que únicamente compartió con la fiscalía la declaración jurada de la víctima y una captura de pantalla de Snapchat.
Por su parte, el fiscal de distrito, Van Houten, había sostenido previamente que su oficina decidió no presentar cargos penales basándose en la declaración de seis páginas proporcionada por Doe. No obstante, más adelante afirmó que su despacho sí tuvo acceso a algunos mensajes de un chat grupal de Snapchat titulado “Chi Phi Actives”, donde se intercambiaron comunicaciones durante la supuesta agresión. Entre las pruebas obtenidas por CNN se encuentra una fotografía de Doe en una habitación de la casa de la fraternidad en el preciso momento en que, según su relato, estaba siendo agredida.
Un elemento crítico en este caso es la discrepancia entre las entrevistas y las declaraciones escritas. Según informó WCBS, Doe realizó una acusación explícita de violación durante su entrevista, pero dicha declaración no fue incluida en el documento de seis páginas entregado a los fiscales. Si bien en el documento firmado Doe relató haber sido golpeada y haberse sentido coaccionada emocionalmente, The New York Times señala que no incluyó algunas de las expresiones más fuertes ni las acusaciones directas que sí utilizó en su entrevista.
La controversia se profundiza con la revelación de que la fiscalía se negó a revisar pruebas adicionales recopiladas por la policía del campus. Documentos indican que un investigador de la policía de Cornell contactó al personal de la fiscalía el 25 de noviembre de 2024 para informar sobre nuevas entrevistas realizadas y la revisión de más mensajes de chat. Sin embargo, los fiscales rechazaron estas pruebas, pues ya habían determinado que, basándose únicamente en la declaración de Doe, no se presentarían cargos penales. Al ser consultado, el fiscal de distrito Van Houten justificó esta decisión vía correo electrónico, afirmando que cualquier registro adicional no era pertinente debido a que ya contaban con el relato "exhaustivo" de los hechos proporcionado por la víctima.
A pesar de la inacción penal inicial, la universidad llevó a cabo su propio proceso. Un documento de 99 páginas que resume las pruebas clave para un comité disciplinario detalla más de 50 entrevistas, incluyendo testimonios de seis de los siete hombres acusados. Esta investigación universitaria resultó en suspensiones y expulsiones de los estudiantes implicados, la prohibición de la fraternidad Chi Phi en el campus y la creación de un grupo de trabajo especializado en agresión sexual.
Sobre los hechos, cuatro miembros de la fraternidad Chi Phi admitieron haber tenido contacto sexual con Doe, aunque sostuvieron que dichas interacciones fueron consensuales. Los demás acusados negaron haber participado en cualquier encuentro sexual.
En el ámbito legal, el caso continúa expandiéndose. Un miembro de la fraternidad Chi Phi, demandado en una querella civil interpuesta por Doe, ha solicitado a los tribunales del estado de Nueva York anular la decisión disciplinaria de la universidad que lo declaró responsable de intento de explotación sexual. Debido a la emergencia de estos nuevos detalles, un fiscal especial asumirá ahora la investigación de las acusaciones de violación grupal.
Finalmente, la tensión ha llegado al campus universitario. Organizaciones estudiantiles, incluyendo Students for a Democratic Cornell, han convocado a una protesta para el próximo lunes con el objetivo de exigir responsabilidades directas a la universidad por el manejo de este caso.
