El pasado 2 de octubre entró en vigencia una modificación legal que impone un límite de edad de 75 años para el ejercicio de los cargos de notarios, conservadores y archiveros. Como consecuencia directa de esta medida, 35 funcionarios debieron dejar sus puestos. Sin embargo, la aplicación de esta norma no ha estado exenta de controversias, ya que siete de los afectados acudieron al Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de intentar detener sus destituciones y aferrarse a sus notarías.
Entre los casos más destacados se encuentra el de Luis Maldonado Croquevielle, de 81 años, quien se desempeñó hasta este viernes como Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Este cargo es considerado posiblemente el más lucrativo dependiente del aparato público en el país, con utilidades mensuales estimadas que superan los 300 millones de pesos, ganancias que le habrían permitido consolidar un imperio inmobiliario. Maldonado Croquevielle, quien ejerce la función desde 1997, recurrió al Tribunal Constitucional invocando la Ley Zamudio, bajo el argumento de que la medida constituye una discriminación por edad.
La disputa legal no solo se centra en la permanencia en el cargo y las abultadas ganancias asociadas, sino también en la pérdida de privilegios específicos. Uno de los beneficios más relevantes es el permiso de dos meses otorgado por el artículo 478 del Código Orgánico de Tribunales, lo que ha sido descrito como "vacaciones XL". Este permiso, que no fue modificado en la ley reciente, permite que quienes se mantengan en el cargo continúen disfrutando de este extenso periodo de ausencia. En el caso particular de Maldonado Croquevielle, este beneficio habría contribuido a un ausentismo laboral de 182 días entre los años 2023 y 2025.
La problemática del ausentismo es generalizada en el sector. Tras una solicitud de información realizada al Poder Judicial sobre los días de ausencia de todos los notarios y conservadores de Chile en los últimos tres años, los datos revelaron cifras significativas. El caso con mayor ausentismo es el de Jorge Acuña Pérez, notario de Quilpué, quien registró 542 días ausente en el periodo solicitado, incluyendo 302 días solo durante el año 2024. Asimismo, se identificó un grupo de 17 notarios que superan los 300 días de ausentismo en el último trienio, muchos de los cuales se encuentran próximos a jubilarse.
En relación con las ausencias por enfermedad, la normativa anterior presentaba un vacío legal que favorecía a los notarios. Mientras que para otros funcionarios públicos seis meses de licencia pueden derivar en una declaración de salud incompatible con el cargo, los notarios no estaban sujetos a esta medida. Un ejemplo fue el del notario de Coquimbo, Reinaldo Villalobos Pellegrini, quien registró 253 días de licencias médicas entre mayo de 2023 y mayo de 2025. Cuando la Corporación de Administración del Poder Judicial intentó evaluarlo a través del Compin, Villalobos interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de La Serena, el cual ganó, ya que en ese momento el Código Orgánico de Tribunales no contemplaba causales de vacancia por salud irrecuperable o incompatible para los notarios.
Con la modificación legal que comenzó a regir este año, finalmente se incorporó la posibilidad de declarar la salud incompatible con el cargo cuando un notario presente periodos de ausencia por enfermedad superiores a seis meses dentro de un plazo de dos años. Esta declaración deberá ser efectuada por el Pleno de la Corte de Apelaciones respectiva, basándose en un informe del fiscal judicial respaldado por una certificación del Servicio de Salud correspondiente. No obstante, la ley establece que dicha declaración no procederá si el funcionario acredita que es esperable una mejoría en un plazo no mayor a seis meses.
Ante los cuestionamientos sobre el ausentismo, Luis Maldonado aclaró que en sus 28 años de gestión nunca ha tenido ausencias injustificadas, señalando que sus faltas han sido siempre avisadas y respaldadas por la documentación correspondiente, amparándose en el artículo 478 del Código Orgánico de Tribunales. Además, precisó que, según sus propios cálculos, su ausencia entre 2023 y la fecha es de 180 días, y no 182 como indica la información del Poder Judicial.
Por su parte, Reinaldo Villalobos explicó que sus licencias médicas se debieron a situaciones personales y familiares dolorosas, incluyendo la salud de su hija menor y el fallecimiento de un ser querido, además de complicaciones por insuficiencia venosa crónica (IVC) que impiden permanecer sentado. El notario subrayó que su oficina nunca dejó de funcionar y enfatizó que los notarios no son funcionarios públicos, sino trabajadores independientes que financian el funcionamiento de su oficio y pagan sus propias cotizaciones previsionales.
