En un giro significativo dentro del proceso judicial derivado de una de las tragedias más graves registradas recientemente en la República Dominicana, los representantes legales de los familiares de las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set han solicitado formalmente que los imputados, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, sean juzgados bajo la calificación jurídica de «homicidio voluntario». Esta petición, presentada durante la audiencia de fondo, ha provocado la suspensión temporal del proceso para permitir que las partes involucren sus argumentos técnicos.
La solicitud planteada por los abogados de los querellantes busca modificar la naturaleza del cargo mediante la aplicación de la figura jurídica del «dolo eventual». Según las explicaciones brindadas por el juez Franny González Castillo, titular de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, este cambio en la calificación jurídica tendría un impacto directo y drástico en las posibles consecuencias legales para los acusados. Mientras que la calificación actual de homicidio involuntario podría acarrear una pena máxima de dos años de prisión, la transición hacia el homicidio voluntario, basada en el dolo eventual, elevaría el límite de la condena hasta los 30 años de cárcel.
Ante la relevancia de esta petición, el magistrado González Castillo tomó la decisión de aplazar la continuación de la audiencia hasta el próximo viernes. Esta medida tiene como objetivo garantizar el derecho a la defensa de Antonio y Maribel Espaillat, otorgando a sus abogados el tiempo necesario para preparar y presentar los argumentos legales pertinentes frente al pedido de los querellantes.
El equipo legal compuesto por los abogados Gregory Adames, Luis Aybar y Plinio Piña fue el encargado de plantear que los imputados deben ser juzgados conforme a diversos artículos del Código Penal relativos al homicidio voluntario y la figura del dolo eventual. A esta postura se sumó el abogado Jean Carlos Martínez, quien representa a otros grupos de querellantes y quien ha sostenido la aplicación de esta figura jurídica desde las etapas iniciales del proceso penal.
La base de esta solicitud radica en la valoración de las pruebas presentadas hasta el momento. Los representantes de las víctimas sostienen que los testimonios escuchados durante el desarrollo del juicio aportan elementos probatorios suficientes y nuevos indicios que justifican la revisión de la calificación jurídica con la cual los hermanos Espaillat fueron enviados a juicio originalmente. Para los querellantes, la evidencia sugiere que la situación no fue un simple accidente involuntario, sino que existen elementos que encuadran el hecho en una responsabilidad más severa.
De manera complementaria, los abogados demandaron que, en caso de que el juez acoja la petición de cambio de calificación, el expediente sea remitido inmediatamente a un tribunal colegiado. Este requerimiento se fundamenta en que, según la normativa procesal, cualquier condena que supere los dos años de prisión corresponde a la competencia de una instancia colegiada y no a un juez único, asegurando así que el proceso se ajuste a las formalidades legales requeridas para penas de mayor cuantía.
Es importante recordar que Antonio y Maribel Espaillat fueron enviados a juicio de fondo en el pasado mes de junio bajo la acusación de homicidio involuntario. Esta decisión fue adoptada en su momento por el juez Raymundo Mejía, quien rechazó las peticiones iniciales de algunos familiares de las víctimas que buscaban una tipificación más grave desde el comienzo del proceso.
El origen de este complejo proceso judicial se remonta al trágico desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025. El siniestro sucedió durante la realización de una presentación artística, transformando el evento en una tragedia masiva que provocó la muerte de 236 personas y dejó un saldo de más de 180 heridos. La magnitud de la pérdida humana es lo que ha impulsado a los familiares a luchar por una calificación jurídica que, a su juicio, refleje la gravedad de los hechos y la responsabilidad de los propietarios del establecimiento.
