El Gobierno de Venezuela ha iniciado un proceso para reformar la Ley Constitucional Contra el Odio, para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitara formalmente dicha modificación ante el Parlamento, el cual se encuentra controlado por el chavismo. Esta medida surge en un contexto donde, según datos proporcionados por la organización no gubernamental Foro Penal, al menos 927 personas han sido acusadas bajo esta legislación desde su entrada en vigencia en el año 2017.
De acuerdo con el reporte de Foro Penal, la situación judicial de los procesados es diversa: mientras que seis de los acusados permanecen actualmente detenidos, un total de 638 personas se encuentran cumpliendo medidas restrictivas de libertad. Gonzalo Himiob, vicepresidente de la entidad, ha señalado que el delito de incitación al odio no suele presentarse de forma aislada, sino que, en la mayoría de los casos, aparece vinculado a imputaciones por terrorismo y asociación.
La citada ley, impulsada en 2017 por el ex dictador Nicolás Maduro, establece sanciones severas para quienes, a juicio de la norma, fomenten, promuevan o inciten al odio, la discriminación o la violencia. Las penas previstas en el texto legal oscilan entre los 10 y los 20 años de prisión, además de otras sanciones complementarias. Desde su implementación, diversos sectores opositores y organizaciones sociales han cuestionado la norma, denunciando que ha sido integrada en un marco jurídico utilizado sistemáticamente para perseguir a periodistas, defensores de los derechos humanos y críticos del gobierno chavista.
En una declaración reciente, Delcy Rodríguez manifestó que, si bien mantiene su respaldo a los principios fundamentales de la ley, reconoce que ha existido un problema grave en su ejecución. La dirigente admitió que la normativa "lamentablemente fue mal aplicada" y reconoció la existencia de un "uso abusivo" de sus disposiciones legales.
En respuesta a esta situación, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la conformación de una comisión especial compuesta por 11 diputados, quienes tendrán la tarea de redactar el proyecto de reforma. Cabe destacar que el legislador oficialista ya había reconocido en el mes de febrero que la legislación había tenido un uso inadecuado, planteando desde entonces la posibilidad de modificarla.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha reaccionado a estos anuncios exigiendo a través de la red social X que todos los procesos judiciales abiertos bajo esta ley sean revisados y cerrados definitivamente. El sindicato sostiene que estas causas han servido exclusivamente para "criminalizar la expresión" y afirma que la norma contraviene los estándares internacionales sobre los discursos de odio. Diversas organizaciones han alertado sobre la redacción demasiado amplia de la ley, lo que permitiría interpretaciones discrecionales para sancionar simples opiniones o comentarios.
El impulso de esta reforma coincide con eventos políticos y diplomáticos clave. Recientemente, el Gobierno y un sector de la oposición finalizaron el segundo ciclo de diálogo respaldado por Estados Unidos con el objetivo de lograr una transición política en el país. Asimismo, la propuesta surge tras la visita de Human Rights Watch (HRW), la primera de esta organización a Venezuela desde 2008. HRW solicitó explícitamente la modificación o derogación de las leyes que han facilitado las violaciones de derechos humanos, señalando específicamente la Ley Contra el Odio.
Sin embargo, la propuesta de reforma no ha sido bien recibida por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). La principal coalición opositora, que brinda respaldo a la líder María Corina Machado, exigió la derogación inmediata de la ley en lugar de su modificación. En un comunicado oficial, la PUD calificó de "despropósito" el intento de reformar una ley que consideran inconstitucional y que ha sido empleada para perseguir y encarcelar a ciudadanos inocentes.
La alianza opositora subrayó que esta legislación ha sido una pieza fundamental del marco represivo utilizado para silenciar la disidencia y restringir las libertades fundamentales durante años. Para la PUD, el país no necesita ajustes en la norma, sino un desmontaje completo de las disposiciones legales que permitieron el uso del aparato estatal contra ciudadanos basándose en sus posiciones políticas o sus opiniones.
Finalmente, la coalición enfatizó que la libertad de expresión, el derecho a informar y la participación política no pueden estar sujetos al temor de persecuciones o sanciones arbitrarias. Bajo la premisa de que "no se reforma la represión: se desmonta", la PUD sostuvo que la derogación total de la ley debe ser un paso concreto y necesario para recuperar el Estado de derecho, las garantías democráticas y las libertades civiles en Venezuela.
