En una jornada marcada por fuertes tensiones institucionales, se ha confirmado la aprehensión de dos de las máximas autoridades del Ministerio Público en Bolivia. Los detenidos han sido identificados como el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. Estos arrestos ocurren en un contexto de alta complejidad jurídica y política, coincidiendo con la difusión de material audiovisual que compromete la integridad de la gestión fiscal del país.
El hecho ha cobrado una dimensión mayor tras la salida a la luz de un video grabado durante el operativo de captura del narcotraficante de nacionalidad uruguaya, Sebastián Marset. Las imágenes, que fueron registradas en el momento exacto de la detención del criminal en el mes de marzo, muestran a Marset haciendo declaraciones directas sobre su relación con las autoridades judiciales bolivianas. En el material difundido, el narcotraficante menciona explícitamente al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, estableciendo un vínculo personal con él.
De acuerdo con el contenido del video, Sebastián Marset identifica a Mariaca como su “amigo”, asegurando que mantenía una comunicación constante con él. En sus declaraciones, Marset es enfático al señalar que el vínculo no estaba relacionado con transacciones comerciales, afirmando textualmente: “Mariaca es mi amigo. Hablo con él. No es negocio nada”. Esta declaración pone en entredicho la imparcialidad del máximo representante de la fiscalía, sugiriendo una cercanía inapropiada entre un funcionario público de alto rango y un individuo vinculado al narcotráfico internacional.
Más allá de la mención de una amistad, el video contiene afirmaciones aún más graves sobre la operatividad del sistema judicial. Marset sostiene que el fiscal general ejercía un control sobre la institución, indicando que “supuestamente él controla la fiscalía”. Según el testimonio del uruguayo en la grabación, este control se manifestaba en la capacidad de Mariaca para gestionar alertas y comunicaciones internas, añadiendo que el funcionario “avisa lo que tiene que avisar hoy no aviso”. Estas palabras sugieren la existencia de un mecanismo de advertencia previa que podría haber interferido con los procesos legales o operativos.
La difusión de este material audiovisual no ha sido casual, sino que se ha producido inmediatamente después de que se confirmara la aprehensión de Roger Mariaca y Alberto Zeballos. Los operativos de captura de ambos fiscales se dan en un marco de presión internacional, ya que el Gobierno de Estados Unidos ha incluido a Mariaca y a Zeballos en una lista de personas sancionadas. Estas sanciones implican restricciones severas, específicamente la prohibición de ingresar al territorio estadounidense, lo que evidencia que el organismo internacional ha identificado irregularidades o vínculos que ameritan tales medidas restrictivas.
La situación actual sitúa al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y al fiscal general, Roger Mariaca, en una posición legal crítica. La combinación de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la evidencia audiovisual proporcionada por Sebastián Marset configuran un escenario donde las autoridades bolivianas han procedido a la aprehensión de ambos funcionarios. El video, grabado en marzo durante la captura de Marset, se convierte así en una pieza clave para entender el contexto de las detenciones ejecutadas este 1 de octubre de 2026.
Los hechos detallados ponen de relieve la gravedad de las acusaciones vertidas por el narcotraficante uruguayo, quien, desde el momento de su captura, habría dejado constancia de la presunta red de influencias que llegaba hasta la cúpula del Ministerio Público. La confirmación de las restricciones de viaje impuestas por el gobierno estadounidense refuerza la naturaleza de las investigaciones que llevaron a la aprehensión de Mariaca y Zeballos, dejando al sistema judicial boliviano en una situación de vulnerabilidad institucional.
