El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, utilizó sus redes sociales para emitir un fuerte cuestionamiento hacia la gestión de funcionarios vinculados al correísmo, centrando sus críticas principalmente en la figura de José Serrano, exfuncionario del Gobierno de Rafael Correa. A través de un video de más de seis minutos publicado en la plataforma X el pasado 30 de septiembre, Neira realizó un recuento de diversos procesos judiciales y episodios políticos que, según su perspectiva, marcaron una etapa de irregularidades en el país.
En el inicio de su intervención, el secretario Neira se enfocó en la situación jurídica actual de José Serrano, quien enfrenta un proceso judicial como presunto autor mediato del asesinato de Fernando Villavicencio. Neira detalló que el exfuncionario fue deportado desde los Estados Unidos y actualmente se encuentra trasladado a la cárcel del Encuentro, donde cumple una medida de prisión preventiva. Para respaldar estas afirmaciones, el funcionario mencionó que la Fiscalía ha presentado diversos elementos de convicción, entre los cuales destacan pericias informáticas, chats y testimonios clave.
Un punto relevante del video fue la mención al dispositivo telefónico de María Paula Christiansen, pareja de Serrano. Neira señaló que dicho equipo, entregado por los abogados, contiene conversaciones con Javier Jordán que estarían relacionadas con el proceso por el asesinato de Villavicencio. Además, el secretario afirmó que existen indicios de que desde los Estados Unidos se habrían efectuado pagos que oscilan entre los 200.000 y 300.000 dólares con el objetivo de modificar versiones dentro del caso. En este contexto, Neira subrayó que los testimonios de Ronald Herrera y Marcelo Lazo forman parte integral de la investigación en curso.
Más allá del caso Villavicencio, el funcionario aprovechó la fecha del 30 de septiembre para recordar los hechos ocurridos en 2010, cuando una protesta policial derivó en una jornada de violencia en la ciudad de Quito. Neira calificó aquel suceso como un "bochornoso episodio" que terminó en tragedia nacional y que, a su juicio, sirvió para alimentar el aparato de propaganda del correísmo. En este sentido, cuestionó la actuación de José Serrano, quien en aquel entonces se desempeñaba como ministro de Justicia, específicamente en relación con los procesos iniciados contra miembros de la policía por un supuesto intento de magnicidio.
El secretario nombró específicamente a Luis Guanotaxi, Giovannu Lazo, Eduardo Mulo y Jesús Getacama, identificándolos como policías que fueron procesados y permanecieron privados de libertad durante seis años antes de ser finalmente absueltos. Para Neira, este caso es un ejemplo de las actuaciones irregulares de aquel periodo.
El recuento continuó con otros episodios vinculados a los gobiernos de Rafael Correa. Neira mencionó el secuestro de Fernando Balda en Bogotá en el año 2012 y recordó que Balda denunció directamente a Serrano por plagio en 2023. Asimismo, el funcionario enumeró una serie de expedientes y controversias que forman parte de la memoria judicial del país, tales como los casos conocidos como los "10 de Luluncoto" y los "53 del Mejía", además del informe relacionado con el caso Gabela.
La crítica se extendió hacia la gestión administrativa y de seguridad, citando irregularidades en los contratos para la adquisición de chalecos antibalas y patrullas, así como denuncias sobre actividades de vigilancia y espionaje dirigidas hacia opositores y periodistas. Neira atribuyó a José Serrano una serie de conductas que calificó como abusos, incluyendo presiones ejercidas sobre jueces y fiscales, la compra de testimonios, la siembra de evidencias, la intimidación y la comisión de fraude procesal.
Finalmente, el secretario de la Administración Pública hizo referencia a una supuesta coordinación entre el excontralor Carlos Pólit y José Serrano para gestionar la salida del entonces fiscal general. Al cierre de su intervención, Neira sentenció que el periodo de gobierno de Correa dejó un Ecuador caracterizado por "mafiosos y chanchullos", asegurando que esa etapa ha terminado para siempre y que los casos mencionados permanecen como un registro político y judicial necesario para la nación.
