El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará este viernes dos decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros con el objetivo de hacer frente a la crisis de la vivienda. La convalidación de estos paquetes de medidas ha generado un clima de alta tensión política, poniendo a prueba los equilibrios parlamentarios de la legislatura, ya que ambos textos requieren obtener más votos a favor que en contra para prosperar.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado la presión sobre los grupos parlamentarios, advirtiéndoles que deberán posicionarse públicamente. A través de un mensaje en Instagram, el jefe del Ejecutivo afirmó que "la gente ha salido a la calle, ha exigido medidas y ahora nos toca cumplir", asegurando que su Gobierno se sitúa "del lado de la gente de a pie". Sánchez ha instado a los partidos a dejar de lado la ideología y las confrontaciones partidistas para centrarse en una "cuestión de pura humanidad", defendiendo el derecho a la vivienda frente a la especulación.
En el tablero político, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha anunciado un voto dividido: respaldará el primer decreto, que protege a personas vulnerables, pero rechazará el segundo, debido a que incluye la renovación automática de los contratos de alquiler. El PNV considera que esta medida supone un "ataque al pequeño propietario", quienes representan más del 90% de la oferta de alquiler en Euskadi. Por su parte, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha convocado a la ejecutiva de su partido para decidir el sentido de su voto, el cual resulta clave para la supervivencia de las normas.
La presión social ha alcanzado niveles considerables. Los diputados del Congreso han recibido una avalancha de más de 284.000 correos electrónicos, impulsados por la plataforma Woke Up y el Sindicato de Inquilinas de Madrid, solicitando el apoyo a los llamados "decretos Maricarmen". Estos mensajes hacen referencia a Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada en Madrid, y exigen que se prorroguen las protecciones frente a los desahucios, se regulen los alquileres de temporada y se frene la compra de viviendas por parte de fondos buitre.
Desde el Gobierno, se estima que el tope y la congelación de los alquileres beneficiarán a unos 8,4 millones de inquilinos, suponiendo un ahorro total de 626 millones de euros para los hogares. La medida contempla una congelación al 0% para contratos que superen el máximo del índice de precios del Ministerio de Vivienda (IRAV) y una limitación de hasta el 2% para el resto hasta finales de 2027. Además, el plan incluye préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para quienes deseen comprar su primera vivienda.
Paralelamente, la movilización ciudadana se ha extendido por diversas ciudades. En Madrid, la acampada de la Puerta del Sol cumple cinco días, mientras que en Barcelona, el Sindicat de Llogateres se ha sumado a la acampada de la plaza Catalunya. En Galicia, el Sindicato da Vivenda de Compostela ha iniciado una protesta similar en la plaza del Obradoiro. El Sindicato de Inquilinas ha convocado una manifestación masiva para este sábado en Madrid, con columnas que partirán desde Atocha, la glorieta de Emilio Castelar, el Hospital de La Princesa y la plaza de España, llamando además a una huelga general.
No obstante, las medidas no están exentas de críticas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha valorado positivamente el impulso al parque público y la protección frente a usos fraudulentos, pero ha alertado sobre el riesgo de reducir la oferta de alquiler si no se aborda la escasez estructural de viviendas. Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid ha denunciado riesgos de seguridad en la acampada de Sol, aportando como prueba la fotografía de un cuchillo junto a comida.
Finalmente, la Conferencia Episcopal Española ha pedido un pacto de Estado para solucionar la crisis habitacional, subrayando que la vivienda es un derecho y no un privilegio, aunque ha instado a que las reivindicaciones se realicen excluyendo cualquier tipo de violencia y respetando los derechos de vecinos y comerciantes.
