En una operación coordinada y ejecutada con rapidez por los cuerpos especiales de la Policía, el Fiscal General del Estado, Róger Mariaca, y el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron aprehendidos la noche del pasado miércoles 30 de septiembre. La detención se produjo en las instalaciones del aeropuerto internacional Viru Viru, momento en el que ambas autoridades aterrizaban en la ciudad de Santa Cruz procedentes de la capital constitucional, Sucre.
Según la información recabada, el operativo policial se concretó poco después de las 22:30 horas. Las fuerzas de seguridad desplegadas en la terminal aeroportuaria actuaron de manera rauda para asegurar la captura de Mariaca y Zeballos inmediatamente después de su llegada. De acuerdo con datos conocidos por EL DEBER, el motivo fundamental de estas detenciones responde a fines de extradición solicitada por el Gobierno de Estados Unidos.
Este despliegue policial no fue un hecho aislado, sino que formó parte de una serie de operativos simultáneos realizados en distintas ciudades del país. En la sede de Gobierno, La Paz, se llevaron a cabo allanamientos con el objetivo de localizar al exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Aunque no se logró la aprehensión del exministro, la Policía detuvo a dos de sus colaboradores cercanos: el capitán Rubén Aparicio, quien se desempeñó como jefe de gabinete, y el fiscal superior Martín Daniel Irusta.
Paralelamente, las fuerzas policiales intervinieron los edificios de la Fiscalía tanto en Sucre como en Santa Cruz. En la capital cruceña, las diligencias se extendieron hasta la vivienda particular del Fiscal General. En el ingreso al condominio donde reside Mariaca, los efectivos policiales aprehendieron a cinco personas vinculadas a la Fiscalía Departamental que se habían apersonado en el lugar. Por otro lado, en Sucre también se reportaron detenciones durante las intervenciones en las oficinas fiscales, aunque posteriormente se informó que las personas arrestadas en dicha ciudad fueron liberadas.
El trasfondo de estas acciones judiciales parece estar vinculado a un documento oficial emitido el pasado lunes por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. En dicho informe, el gobierno estadounidense hizo alusión a cuatro países de Latinoamérica: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El documento señala a diversas autoridades y exautoridades por presuntas relaciones con redes de corrupción y el crimen organizado. En algunos de los casos detallados, el informe refiere las causas específicas por las cuales se realizarían las investigaciones en sus respectivos países; en otros, se limita a indicar la revocación de visados, una potestad administrativa del gobierno estadounidense.
En medio de este escenario, el abogado Romel Ipamo se presentó en la residencia de la familia de Róger Mariaca para brindar respaldo legal. Ipamo explicó a los medios de comunicación que fue contactado por otro colega abogado para asumir la defensa de los familiares del Fiscal General del Estado. Al ser consultado sobre la detención, describió la captura de Mariaca en el aeropuerto de Viru Viru como una "sorpresa" para todos los involucrados.
El abogado Ipamo manifestó que la familia de Mariaca se encuentra "totalmente afectada" por los acontecimientos. No obstante, aseguró que se colaborará con las instancias correspondientes, haciendo hincapié en una solicitud fundamental: que se resguarde estrictamente el debido proceso y se respeten los derechos fundamentales del detenido.
Un punto crítico señalado por la defensa es el desconocimiento sobre la base legal de la detención. Ipamo aclaró que, hasta el momento de sus declaraciones, no ha tenido acceso a ningún documento jurídico ni ha visto una orden de aprehensión formal contra el fiscal. Ante la insistencia de la prensa, el abogado calificó la situación como un "tema delicado" y pidió prudencia a los medios y a la opinión pública, argumentando que no desean entorpecer ni contaminar el curso de la investigación en desarrollo.
