El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha reconocido formalmente un grave error operativo en el estado de Baja California, donde dos recién nacidas fueron entregadas a familias que no eran sus progenitores. Este incidente tuvo lugar en el Hospital de Gineco Pediatría número 31, ubicado en la capital de Mexicali, y ha puesto nuevamente bajo el escrutinio público la calidad de la atención brindada a los menores de edad en las unidades médicas de la institución.
A través de un comunicado oficial, el organismo de salud ofreció disculpas públicas a las dos familias afectadas por el intercambio de las menores. Como medida inmediata ante este fallo en los protocolos, el IMSS anunció que llevará a cabo una revisión exhaustiva de sus procedimientos de identificación, específicamente aquellos aplicados durante la atención obstétrica y neonatal, con el fin de evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
La gravedad del caso no solo radica en el error de entrega, sino también en la gestión de la información posterior al incidente. Gabriela Paredes Orozco, titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS, informó mediante un videomensaje que un equipo de nivel central fue desplazado a Mexicali para sostener reuniones directas con las familias involucradas. Durante estas sesiones, la institución admitió que no solo ocurrió la entrega equivocada de las bebés, sino que el organismo omitió comunicar la situación a los padres desde el momento en que surgieron las primeras dudas sobre la identidad de las recién nacidas.
Ante este escenario, Paredes Orozco señaló que el Seguro Social asumirá la responsabilidad de la atención integral de las familias afectadas. Este apoyo consistirá en un acompañamiento multidisciplinario que abarca las dimensiones psicológica, médica y jurídica. Para garantizar que este proceso se realice bajo los estándares legales y de protección a la infancia, el IMSS trabajará en estrecha coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
La funcionaria subrayó que el proceso de resolución y las decisiones que se tomen se realizarán en conjunto con las familias y respetando estrictamente "su ritmo", reconociendo el impacto emocional de la noticia. Asimismo, aseguró que el Instituto implementará medidas estrictas para proteger la identidad y los datos personales de las menores involucradas en este caso. En el ámbito legal, el IMSS manifestó su disposición para colaborar con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades administrativas o penales que correspondan.
Este incidente en Mexicali ocurre en un momento particularmente crítico para el organismo, ya que se suma a otra investigación en curso por fallecimientos neonatales en el estado de Durango. Entre el 15 y el 19 de septiembre, se registró la muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 de dicha entidad.
En el caso de Durango, los análisis revelaron que cuatro de los cinco bebés dieron positivo a la bacteria Klebsiella pneumoniae. No obstante, el IMSS ha mantenido la postura de que, hasta el momento, no se puede establecer con certeza que dicho microorganismo haya sido la causa directa de los fallecimientos. Las familias de los menores fallecidos en Durango habían denunciado previamente una falta de transparencia y la ausencia de explicaciones claras por parte del personal médico sobre las causas de las muertes.
En respuesta a estas demandas, el IMSS entregó esta semana los expedientes clínicos a cuatro de las familias afectadas. Además, el director general de la institución, Zoé Robledo, sostuvo reuniones con los familiares para ofrecer disculpas personales, mientras las investigaciones internas y las indagatorias de las autoridades federales continúan su curso. La crisis en Durango ha escalado al ámbito legal, derivando en denuncias formales presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), organismo que ahora se encarga de investigar las presuntas irregularidades en la atención médica.
