El Gobierno de España se encuentra en una fase crítica de negociaciones para la aprobación de un nuevo decreto de vivienda, con el objetivo de presentarlo ante el Consejo de Ministros el próximo martes. En este contexto, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha manifestado su disposición a estudiar las propuestas presentadas por la formación independentista Junts, específicamente en lo relativo a la implementación de bonificaciones fiscales para aquellos propietarios que se vean afectados por la prórroga de los alquileres.
Esta apertura al diálogo surge ante la urgencia de alcanzar un acuerdo en el Congreso de los Diputados. Urtasun ha subrayado que la administración ha aceptado el debate sobre las rebajas fiscales desde el inicio de las conversaciones, argumentando que la ciudadanía demanda soluciones inmediatas frente a lo que ha calificado como una "sangría social" derivada de la actual crisis habitacional que atraviesa el país. El ministro ha extendido su "mano tendida" hacia Junts, reconociendo que el apoyo de esta formación es fundamental para mantener la operatividad de la mayoría parlamentaria en el día a día de la Cámara Baja.
Según ha detallado el titular de Cultura, el objetivo es construir un decreto inclusivo donde "todo el mundo se sienta reflejado", adaptándose a la realidad actual de la distribución de escaños en el Congreso. En una entrevista concedida a la 'Cadena Ser', Urtasun ha confirmado que existe una voluntad política firme por parte del Ejecutivo para que el real decreto llegue el martes con un acuerdo previo, calificando este escenario como "deseable" y asegurando que se agotarán todas las instancias para lograrlo.
El contenido del decreto es ambicioso y complejo. Según las declaraciones del ministro, el texto deberá abordar la problemática de los desahucios, un punto que ya había sido rechazado anteriormente en la Cámara Baja. Asimismo, se incluirá la regulación de los alquileres de temporada y la denominada "batalla" impulsada desde Sumar respecto a las prórrogas de los contratos de alquiler. El propósito de esta medida es evitar incrementos desproporcionados en las rentas —citando ejemplos de subidas de hasta 500 euros— que obliguen a los inquilinos a abandonar sus hogares al renovar el contrato.
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reforzado la importancia de este plazo, afirmando en declaraciones a 'RNE' que no concibe otro escenario que no sea la llegada del decreto al Consejo de Ministros el próximo martes. Aunque Bustinduy evitó responder directamente si consideraría abandonar el Gobierno en caso de que el PSOE pospusiera el paquete de medidas, enfatizó que existen momentos en la política que son "determinantes y decisivos", señalando que este es uno de ellos debido a la creciente presión social, ejemplificada en casos como el de Maricarmen.
Bustinduy ha sido sincero respecto a las dificultades de la negociación con Junts, admitiendo que el partido catalán mantiene posiciones en materia de política económica que están en las "antípodas" de las de la izquierda. No obstante, ha reiterado la necesidad de encontrar voluntad política para solventar las diferencias. En cuanto a las desgravaciones fiscales, el ministro fue tajante al señalar que no es el modelo defendido por la izquierda, ya que considera que generalmente "no funcionan" y resultan "injustas". Sin embargo, matizó que la creación de un mecanismo de bonificación fiscal destinado específicamente a pequeños propietarios es un escenario distinto al de otorgar incentivos fiscales generales para alquilar vivienda. Bustinduy advirtió que, para alcanzar un acuerdo final, serán necesarias "cesiones por todas partes".
Paralelamente, Ernest Urtasun ha abogado por una solución concreta y excepcional para el caso de Maricarmen. El ministro ha propuesto la expropiación de la vivienda desahuciada, la cual se encuentra en manos de un "fondo buitre". Para justificar esta medida, Urtasun ha apelado al artículo 33 de la Constitución española, que contempla la posibilidad de realizar expropiaciones forzosas por razones de utilidad pública o interés social.
Urtasun ha criticado duramente la postura del Partido Popular y de la Comunidad de Madrid, asegurando que el fondo buitre ha intentado "echar un pulso" a la sociedad española mientras el PP le despliega la "alfombra roja" y omite el ejercicio de sus competencias regionales. Además, el ministro ha solicitado que la empresa estatal Casa 47 intervenga para ofrecer una alternativa de alquiler asequible a Maricarmen.
Finalmente, ante la posibilidad de que esta medida de expropiación genere fricciones con socios como el PNV o Junts, Urtasun ha aclarado que se trata de un "carril distinto" al de las medidas legislativas generales que se están negociando para el decreto de vivienda, por lo que no considera que esta iniciativa comprometa los acuerdos parlamentarios en la Cámara Baja.
