El Poder Ejecutivo Nacional ha confirmado la implementación de una profunda reestructuración interna en la Quinta Presidencial de Olivos, la cual ha resultado en el despido de doce empleados que se desempeñaban en diversas áreas de la residencia oficial. Esta medida, impulsada desde la gestión del presidente Javier Milei, no solo contempla la desvinculación del personal mencionado, sino que también incluye una serie de traslados de agentes y un cambio fundamental en la estructura de mando y vigilancia del predio.
De acuerdo con la información oficial proporcionada, el núcleo de este cambio radica en el traspaso total de la seguridad y la custodia de la Quinta de Olivos a la Casa Militar. Este organismo se encuentra bajo la órbita directa de la Secretaría General de la Presidencia, cargo desempeñado por Karina Milei. Con esta decisión, la Casa Militar asumirá el control integral de la residencia, centralizando las operaciones de seguridad y el acceso al recinto donde reside el Jefe de Estado.
Las fuentes oficiales han sido precisas al señalar que estas medidas drásticas responden a una investigación interna llevada a cabo por el Gobierno. El motivo central de dicha indagatoria sería la detección de presuntas «filtraciones» de información sensible vinculada a las actividades cotidianas del presidente y de su círculo más íntimo. Según indicaron voceros de la Casa Rosada, los resultados de la investigación interna permitieron detectar la existencia de «un riesgo para la información y para la seguridad», lo que motivó la necesidad inmediata de reforzar el esquema de seguridad y depurar el personal.
Entre las bajas más destacadas del personal desafectado se encuentra Osvaldo Javier Sosa, quien hasta el momento desempeñaba la función de intendente de la residencia. Su salida marca un punto de quiebre en la administración operativa de la Quinta, facilitando que la Casa Militar tome el control absoluto de la logística y la custodia del lugar. A pesar de la gravedad de las acusaciones sobre las filtraciones, el Gobierno no ha trascendido detalles específicos sobre el tipo de información que habría sido difundida ni ha precisado el grado de responsabilidad individual atribuido a cada uno de los trabajadores apartados de sus funciones.
Por otro lado, la situación ha generado fuertes repercusiones en el ámbito sindical. Daniel Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital, brindó precisiones sobre el perfil de los afectados. Según el dirigente, los despidos no se concentraron en una sola área, sino que abarcaron a trabajadores de sectores diversos, incluyendo el área de jardinería, el sector administrativo y la cocina.
Catalano denunció que el procedimiento de desvinculación fue abrupto, asegurando que a los empleados «no los dejaron entrar» y que fueron enviados a sus hogares a esperar la llegada del telegrama de despido. El representante sindical subrayó que el personal afectado no recibió explicaciones claras ni detalladas sobre los motivos de sus cesantías en el momento del hecho. Asimismo, Catalano lanzó una denuncia particularmente grave al afirmar que entre las personas afectadas se encuentra un empleado que se halla actualmente con licencia médica debido a un tratamiento por cáncer. Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido comentarios ni ha brindado respuestas sobre este punto específico.
Finalmente, el Ejecutivo se vio en la necesidad de intervenir para frenar diversas versiones que comenzaron a circular tras el anuncio de la reestructuración. Voceros autorizados desmintieron categóricamente que la decisión de despedir al personal o el cambio en la seguridad guarden alguna relación con un eventual incidente relacionado con los perros del presidente. Desde la Casa Rosada fueron tajantes al calificar estas versiones como «mentiras», reiterando que la medida responde estrictamente a la seguridad de la información y a la reorganización administrativa del predio.
