El Poder Judicial de Costa Rica ha emitido una severa advertencia sobre las consecuencias operativas que derivarían de los recortes millonarios propuestos por el Gobierno Nacional. Durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, el fiscal general, Carlo Díaz, alertó que la reducción de fondos afectaría gravemente los servicios tecnológicos, comprometiendo la capacidad de la institución para emitir notificaciones electrónicas y obligando al sistema de justicia a retomar el uso del papel para sus procesos administrativos y judiciales.
Esta situación surge a raíz de una serie de "normas" planteadas por el Ministerio de Hacienda dentro del proyecto de Presupuesto Nacional que actualmente se encuentra bajo análisis del Congreso. Una de las medidas más preocupantes es la denominada "norma 9", la cual propone el bloqueo de ¢29.843,8 millones del presupuesto asignado al Poder Judicial. Este monto se encuentra distribuido en 313 subpartidas destinadas a infraestructura y operatividad básica.
El fiscal general, acompañado por Martín Hernández, director a. i. de Tecnología de la Información del Poder Judicial, detalló que la falta de estos recursos impactaría directamente en áreas críticas. Entre las afectaciones previstas se encuentran la suspensión de audiencias virtuales, la interrupción en la tramitación de expedientes, la dificultad en la emisión de sentencias y la imposibilidad de notificar resoluciones de manera digital. De concretarse estos recortes, los jerarcas advirtieron que se podría producir una parálisis parcial o incluso total de diversos servicios judiciales a partir de febrero de 2027.
Uno de los puntos más críticos señalados por Carlo Díaz es el riesgo de perder el acceso a las licencias de software de Microsoft. Según el fiscal, si la institución no cuenta con los fondos necesarios para el pago de estas licencias, el Poder Judicial quedaría sin servicio de correo electrónico a partir de marzo de 2027. Esta herramienta es fundamental, ya que representa el medio principal de comunicación de la institución, siendo la vía utilizada para atender solicitudes de información de diputados y gestionar múltiples trámites internos y externos.
Díaz enfatizó que la pérdida del correo electrónico obligaría a la institución a abandonar la política de "cero papel" adoptada hace años. En un escenario donde se retorne al formato físico, cualquier jerarca o diputado que requiera realizar una consulta deberá hacerlo mediante un oficio físico y tendría que regresar personalmente a las instalaciones del Poder Judicial después de diez días hábiles para recibir la respuesta, debido a que la institución tampoco contaría con notificadores disponibles.
Asimismo, el fiscal subrayó que las notificaciones de juicios y resoluciones, que actualmente se agilizan vía electrónica, se verían gravemente comprometidas. "Entonces, ya no vamos a poder hacer audiencias, ni juicios ni notificarles a todas las personas que tienen un juicio durante el año", afirmó Díaz durante la audiencia.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, calificó los recortes como un "mazazo" contra la independencia del Poder Judicial, llegando a advertir que estas medidas podrían representar un "cierre técnico" de la institución. Aguirre también abordó el tema del fideicomiso cuestionado por el Gobierno, aclarando que dicho fondo se financia con excedentes de subpartidas presupuestarias y tiene un fin específico, por lo cual es distinto al presupuesto ordinario y no puede ser utilizado para cubrir las necesidades presupuestarias que el Gobierno pretende recortar.
La preocupación se extendió también a la seguridad pública. Michael Soto, director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), señaló que los recortes afectarían la capacidad operativa de su institución, específicamente en la adquisición de municiones y chalecos. Soto advirtió que esto limitaría la capacidad del OIJ para enfrentar la criminalidad y proteger a las víctimas del crimen organizado.
En el ámbito legislativo, los diputados Janice Sandí, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Antonio Trejos, del Frente Amplio, coincidieron en que los riesgos asociados a estos recortes son elevados y que las dificultades en las notificaciones podrían paralizar el funcionamiento del sistema judicial.
El panorama financiero es complejo: además de la norma 9, el Presupuesto Nacional 2027 plantea un recorte directo de ¢10.000 millones al Poder Judicial. A esto se suma un recorte de ¢11.000 millones ya aplicado para el presupuesto de 2026, lo que representa una reducción del 2% de las partidas asignadas a este Poder de la República.
Finalmente, la propuesta de Hacienda establece que los recursos condicionados solo se girarán si el Poder Judicial demuestra ante el Congreso un uso adecuado de los fondos y del fideicomiso. Este cumplimiento sería supervisado por la Comisión de Asuntos Hacendarios, presidida por el oficialismo. El proyecto permanece en análisis en dicha comisión antes de ser enviado al Plenario Legislativo para su votación final.
