La Asamblea Nacional de Panamá ha dado inicio a la discusión de un proyecto de ley fundamental para el futuro democrático del país: la reforma al Código Electoral con miras a los comicios de 2029. Este proceso, que ha trascendido lo meramente técnico, se plantea como un factor determinante en la calidad de vida de los ciudadanos, ya que define las condiciones bajo las cuales los panameños elegirán a quienes resolverán sus problemas o, en su defecto, a quienes podrían generar nuevos conflictos.
El camino de esta propuesta ha sido prolongado. Durante varios meses, una mesa de trabajo compuesta por representantes de partidos políticos, candidatos independientes, miembros de la sociedad civil y universidades trabajó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales para aprobar una propuesta base. Posteriormente, el Tribunal Electoral llevó a cabo una revisión exhaustiva del documento, realizando diversos cambios antes de entregarlo formalmente a la Asamblea Nacional el pasado 31 de agosto de 2026.
Dentro del análisis del documento, se identifican aspectos positivos que protegen la libre postulación. Específicamente, se lograron frenar dos intentos que buscaban obstaculizar la participación de quienes no pertenecen a una estructura partidaria. El primero de ellos pretendía eliminar automáticamente del padrón de un partido político a cualquier persona que decidiera firmar en apoyo a un candidato independiente. El segundo intento buscaba prohibir que los independientes compitieran mediante listas en los circuitos plurinominales. Al final, prevaleció la lógica de que brindar una firma de apoyo para que un candidato aparezca en la papeleta no equivale a otorgar el voto, pues la decisión final del elector se toma exclusivamente en las urnas.
A pesar de estos avances, existen puntos críticos que generan preocupación sobre la equidad del proceso. Se ha señalado que la mesa de trabajo ha mantenido una inclinación favorable hacia los partidos tradicionales. Esta tensión se hace evidente en la actual disputa sobre la estructura de diálogo: mientras el Tribunal Electoral propone eliminar la mesa actual para dar paso a un Foro Ciudadano más abierto y participativo, la Comisión de Gobierno ha manifestado su preferencia por mantener la configuración existente.
Uno de los puntos más polémicos es el incremento en la exigencia de firmas para la validación de candidaturas y la creación de nuevas organizaciones políticas. La propuesta plantea elevar el requisito del 2% al 3% de las firmas. Esta medida afecta tanto a quienes aspiran a constituir un partido nuevo como a los candidatos de libre postulación, quienes además enfrentarían un tiempo más reducido para recolectar dichos respaldos.
Es importante notar que el Tribunal Electoral había planteado inicialmente un requisito del 5% para ambos casos, por lo que la versión que llegó a la Asamblea se considera moderada en comparación con la propuesta original. No obstante, el incremento al 3% representa un aumento del 50% respecto a la norma anterior. Tomando como referencia los datos de las elecciones de 2024, la cantidad de firmas necesarias para fundar un partido nuevo pasaría de 45,504 a 68,255.
Esta situación ha suscitado cuestionamientos sobre la coherencia de quienes impulsan estas medidas. Resulta llamativo que partidos políticos que actualmente sobreviven con un padrón de apenas 20 mil o 25 mil inscritos sean quienes decidan que se requieren más de 68 mil firmas para que una nueva fuerza política pueda nacer. Se argumenta que, si la representatividad es un valor fundamental, dicha vara debería aplicarse también a los partidos existentes para evitar su desaparición.
La controversia es analizada desde la perspectiva de quienes han transitado por ambos sistemas. En el caso de la diputada del circuito 9-1 para el periodo 2024-2029, quien llegó a la Asamblea mediante la libre postulación y ahora integra el partido Vamos —tras una decisión del 97% de sus miembros—, se sostiene que el cambio de plataforma no debe alterar los principios de justicia electoral. La premisa es que la competencia debe ser justa para todos los actores, independientemente de su posición actual en el tablero político o de si ocupan o no una curul en el futuro.
En conclusión, el debate sobre las reformas electorales para 2029 subraya que las reglas del juego democrático no deben ser propiedad de los políticos activos ni de quienes deciden quién puede participar y quién no, sino que deben pertenecer a la totalidad de los panameños.
