El Gobierno de Estados Unidos ha emitido su evaluación anual sobre los esfuerzos internacionales en la lucha contra el narcotráfico, manteniendo a Bolivia dentro del grupo de naciones que, según el análisis estadounidense, han "fallado demostrablemente" en la implementación de medidas sustanciales para cumplir con sus compromisos globales en esta materia. Esta calificación se basa en el desempeño del país durante los últimos 12 meses, un periodo crítico que abarca tanto el cierre de la administración de Luis Arce como el inicio de la gestión liderada por Rodrigo Paz.
A pesar de mantener la calificación negativa, el informe de Washington introduce una distinción importante entre las dos gestiones gubernamentales. El documento señala que el actual Gobierno, encabezado por Rodrigo Paz, no ha dispuesto todavía del tiempo suficiente para lograr una reducción efectiva de los cultivos de coca. Este punto es fundamental, ya que Estados Unidos atribuye el incremento de las plantaciones ilícitas principalmente a la administración anterior, bajo el mandato de Luis Arce.
La preocupación de Washington se ve respaldada por los datos más recientes proporcionados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El monitoreo correspondiente al año 2025 revela que la superficie de cultivos de coca en Bolivia alcanzó las 36.400 hectáreas. Esta cifra representa un incremento del 7% en comparación con las 34.000 hectáreas registradas en 2024. Es importante destacar que la mayor parte de este crecimiento ocurrió durante la gestión de Arce, consolidando la tendencia al alza de la producción de hoja de coca en el territorio nacional.
El análisis detallado de la UNODC muestra una disparidad regional significativa en el crecimiento de los cultivos. El Trópico de Cochabamba se identifica como el área de mayor expansión, donde las hectáreas dedicadas a la coca pasaron de 14.275 a 17.471, lo que supone un salto considerable del 22%. En sentido opuesto, la zona de Los Yungas, en el departamento de La Paz, registró una reducción del 4%, descendiendo de 19.230 a 18.430 hectáreas. A nivel nacional, el excedente de cultivos es alarmante: existen actualmente 14.400 hectáreas por encima del límite de 22.000 hectáreas autorizado legalmente por la Ley 906.
Más allá de las cifras de cultivo, Estados Unidos advierte que la corrupción sigue siendo un obstáculo crítico. Según la valoración del gobierno estadounidense, la corrupción persiste como un factor que facilita las operaciones del narcotráfico y, simultáneamente, dificulta el avance de las investigaciones judiciales y policiales contra las redes criminales.
Sin embargo, el informe no es enteramente negativo y resalta señales claras de un acercamiento diplomático y operativo con la administración de Rodrigo Paz. Washington afirma que la cooperación bilateral en el combate al narcotráfico se ha "ampliado significativamente". Se valora positivamente la reanudación de la coordinación entre los organismos de seguridad y justicia de ambos países, con el objetivo común de atacar la producción ilícita y desarticular las redes criminales que operan en la región.
Como prueba tangible de esta nueva etapa de cooperación, el documento estadounidense menciona la extradición de Sebastián Marset, ocurrida en marzo de 2026. Este hecho es presentado como un indicador del compromiso del actual gobierno boliviano en colaborar con las autoridades de Estados Unidos para combatir la criminalidad transnacional.
Finalmente, Estados Unidos ha dejado la puerta abierta para revisar la calificación de Bolivia el próximo año. La posibilidad de salir de la lista de países que "fallaron" dependerá de que el Estado boliviano demuestre avances concretos y verificables en la reducción de la producción ilícita de drogas y en la lucha frontal contra la corrupción institucional.
A pesar de la calificación negativa, Washington ha decidido no aplicar un corte automático de la asistencia financiera y técnica. El documento establece que mantener la ayuda para Bolivia es, en este momento, "vital para los intereses nacionales de Estados Unidos". Por este motivo, se ha aplicado una excepción que permite la continuidad del apoyo estadounidense mientras se monitorean los avances del gobierno de Rodrigo Paz en la materia.
