La Justicia Federal de La Pampa ha dictado una medida cautelar que suspende los efectos de un decreto emitido por el presidente Javier Milei, el cual otorgaba a la provincia de Mendoza el 100% de las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles. Hasta entonces, dichos recursos eran compartidos en partes iguales entre las provincias de Mendoza y La Pampa.
La resolución fue emitida por el juez Federal de Santa Rosa, Juan José Baric, quien decidió hacer lugar a la medida cautelar interina solicitada por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. En el texto del fallo, el magistrado ordena la suspensión inmediata de los artículos 3 y 4 del Decreto 982/26, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Según el documento judicial, esta medida tendrá vigencia hasta que se resuelva la medida cautelar principal.
Además de la suspensión, el juez Baric ha intimado a la Casa Rosada para que produzca un informe previo, tal como lo prevé el artículo 4 de la Ley 26.854. El Poder Ejecutivo Nacional dispone de un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución, para presentar dicho informe ante el juzgado.
El conflicto se originó hace cinco días, cuando se publicó el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. A través de este instrumento, el Gobierno Nacional eliminó un decreto vigente desde 1973, el cual establecía que Mendoza y La Pampa se repartieran equitativamente el 12% de las regalías de la represa Los Nihuiles, debido a que la obra está construida sobre un río interjurisdiccional.
Desde la provincia de Mendoza, la medida fue recibida como un acto de justicia, mientras que en La Pampa se percibió como una sorpresa y un perjuicio económico. El gobernador Sergio Ziliotto, integrante del Partido Justicialista, quien presentó el amparo el pasado lunes, celebró la decisión judicial a través de sus redes sociales. "La Pampa seguirá cobrando regalías del Río Atuel. Una vez más, luchar por lo que corresponde al pueblo pampeano da sus frutos", expresó el mandatario.
Ziliotto fundamentó su reclamo basándose en un acuerdo firmado en 1992 entre el Estado Nacional y ambas provincias, el cual fue homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gobernador sostuvo que, mediante dicho acuerdo, Mendoza se obligó a pagar regalías a La Pampa siguiendo los porcentajes fijados por la Ley 15.336 y el Decreto 1560/73, argumentando que "ningún decreto puede anular un acuerdo de partes". Asimismo, el gobernador pampeano reafirmó su compromiso de defender los intereses de su provincia "cada día, donde sea, ante quien sea".
Por su parte, la provincia de Mendoza ha manifestado su disconformidad con la resolución judicial. Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente mendocina y abogada, calificó la medida como "extraña" y subrayó que se trata de una decisión provisoria. Latorre explicó que se trata de una "cautelar interina en el marco de una cautelar autónoma", describiéndolo como un mecanismo inusual destinado a evadir la competencia de la Corte Suprema de Justicia.
La funcionaria mendocina aseguró que la resolución no tiene efectos vinculantes para Mendoza, ya que la provincia no fue hecha parte del proceso. "Si los conflictos son entre dos provincias o entre una provincia y la nación, quien tiene competencia originaria es la Corte Suprema de Justicia", señaló la ministra.
Latorre también cuestionó la legitimidad del proceso, señalando que la abogada que presentó la demanda no había acreditado la personería al momento de dictarse la sentencia, y que la medida fue dictada "inaudita parte", es decir, sin escuchar a las contrapartes. Según la ministra, este procedimiento constituye un "bypass" para eludir la vía judicial ya abierta en la Corte Suprema.
Finalmente, la ministra de Mendoza aclaró que el alcance real de la resolución es limitado, ya que el juez pampeano ha otorgado tres días a la Nación para que se presente y defienda su decreto, remarcando que esto no constituye la resolución definitiva de la cautelar, sino una medida interina mientras se resuelve el fondo de la cuestión. El conflicto no solo revive la disputa por las regalías, sino que también pone de relieve el reclamo de La Pampa sobre la cantidad de agua del Río Atuel que Mendoza debe dejar correr, según un fallo de la Corte Suprema de julio de 2020 que, según la provincia pampeana, sigue siendo incumplido.
