Los sectores campesinos y cocaleros han manifestado su determinación de salir a las calles para expresar su rechazo frontal a la gestión del Gobierno encabezado por Rodrigo Paz. Esta decisión ha sido comunicada por diversos dirigentes sectoriales, quienes subrayaron que su voluntad de movilizarse es independiente de que el Ejecutivo decida ampliar o no el estado de excepción vigente en el país.
El dirigente campesino Feliciano Vegamonte fue enfático al señalar que la población ya no muestra interés ni preocupación por la vigencia de dicha medida restrictiva. Según Vegamonte, el malestar social ha alcanzado un punto en el que las restricciones legales del estado de excepción no inhiben la intención de protesta. En este sentido, afirmó que los sectores sociales asumirán las movilizaciones necesarias para manifestar su total rechazo a las políticas implementadas por el Ejecutivo.
En concordancia con esta postura, el dirigente campesino Nelson Virreira manifestó que el Gobierno ha fracasado en su intento de resolver los conflictos principales que afectan al país. Virreira sostuvo que la administración de Rodrigo Paz ahora deberá hacer frente a las futuras movilizaciones sociales, ya que las organizaciones del sector se encuentran actualmente en estado de alerta. Esta vigilancia permanente responde a las decisiones que el Ejecutivo adopte en los próximos días, manteniendo la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier medida gubernamental.
Por otro lado, la dirigente cocalera Wilma Colque confirmó que las seis federaciones del Trópico de Cochabamba están plenamente preparadas para iniciar movilizaciones. La advertencia de trasladar las demandas a las calles se produce en un momento de alta tensión política, mientras se discute la posibilidad de que el estado de excepción sea ampliado por un periodo adicional de 90 días. Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba han sido claras al anunciar que no solo llevarán a cabo movilizaciones, sino también huelgas de hambre en rechazo a cualquier eventual extensión de esta medida estatal.
Los motivos que impulsan esta ola de protestas son diversos y abarcan múltiples dimensiones del malestar social. En primer lugar, existe un rechazo categórico al estado de excepción. Los dirigentes denuncian que esta disposición gubernamental vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos y han advertido explícitamente que tal medida no será acatada en la región del trópico, marcando una postura de desobediencia frente a la restricción.
En segundo lugar, la crisis de los combustibles se ha convertido en un detonante crítico. Los sectores sociales acusan al Gobierno de haber roto los acuerdos y compromisos debido a la falta de soluciones efectivas frente a las prolongadas filas por carburantes que afectan a todo el territorio nacional. Esta situación ha generado un clima de indignación que se suma a las demandas sectoriales.
Asimismo, los manifestantes exigen una atención urgente a la crisis económica que atraviesa el país y demandan el respeto irrestricto hacia las organizaciones sociales. Para los dirigentes, la falta de diálogo y la desatención a las necesidades económicas básicas son factores que obligan a los sectores campesinos y cocaleros a adoptar medidas de presión más severas.
En cuanto a las acciones concretas, las organizaciones han anunciado la realización de marchas y mítines. Además, han advertido sobre la implementación de huelgas de hambre de forma indefinida en caso de que se concrete la ampliación del estado de excepción por los 90 días previstos.
Finalmente, se ha informado que las organizaciones campesinas y cocaleras mantienen a sus bases en estado de alerta máxima. La coordinación sindical continúa activa y prevén definir nuevas estrategias de lucha y movilización en los próximos encuentros ampliados, asegurando que la presión social se mantendrá hasta que sus demandas sean atendidas por el Gobierno de Rodrigo Paz.
