El alcalde de Cartago, Mario Redondo, ha hecho un llamado público para que se rescaten y devuelvan al país los denominados "actos cívicos", enfatizando la necesidad imperativa de apartar las manifestaciones de índole política de los eventos destinados a la celebración patriótica. Estas declaraciones surgen como respuesta directa a los incidentes y la controversia generada durante las actividades conmemorativas del 14 de septiembre en el cantón central de la provincia.
Los hechos se desencadenaron durante la tradicional llegada de la antorcha y la noche de faroles, eventos que tuvieron lugar en la Plaza Mayor. Para estas actividades, que contaron con la presencia de la presidenta Laura Fernández y diversos miembros del Gobierno, la Fuerza Pública implementó un despliegue de seguridad que incluyó el acordonamiento de la entrada al lugar. Esta medida restrictiva provocó la formación de extensas filas de ciudadanos que intentaban acceder al espacio público.
Según los reportes, una parte considerable de la población no logró ingresar a la Plaza Mayor. Esto se debió a que el acceso fue denegado a diversas personas o a que se les exigió la presentación de la cédula de identidad para permitirles el paso. Debido a que el proceso de verificación y entrada resultó ser sumamente lento y extenso, muchas de las personas que esperaban en las filas no pudieron ingresar antes de que la actividad llegara a su fin.
En medio de estas restricciones, se reportaron enfrentamientos relacionados con el acceso a la zona cercada. Mientras que a un grupo de manifestantes se les prohibió la entrada, se permitió el ingreso de seguidores del chavismo, quienes pudieron ubicarse en las proximidades de la presidenta. Específicamente, la Fuerza Pública impidió el acceso a aquellos ciudadanos que participaban en la "Faroleada", una actividad organizada con el propósito de manifestarse en favor de la democracia. Estas acciones fueron identificadas como las manifestaciones políticas que se presentaron durante el evento cívico.
Ante este escenario, el alcalde Mario Redondo aclaró que las medidas de control y restricción no fueron ejecutadas por la Policía Municipal de Cartago. El mandatario local señaló que dichas acciones fueron aplicadas por "otras competencias", trasladando la responsabilidad directa de la operatividad al Gobierno Central. No obstante, el alcalde reconoció que la municipalidad aceptó que estas medidas se llevaran a cabo en el espacio.
Al calificar el operativo del pasado lunes, Redondo describió las medidas tomadas por el Gobierno Central como "atípicas". Sin embargo, matizó que este tipo de intervenciones "no es exclusivo de ayer", sugiriendo que existen precedentes de este tipo de despliegues. Para justificar la rigurosidad del operativo, el alcalde afirmó que existían riesgos reales de que bandas criminales pudieran filtrarse en la actividad, lo que obligó a implementar un control más estricto. Asimismo, subrayó que, al tratarse de un evento público masivo y considerando que el ambiente político se encontraba "caldeado", las medidas resultaban necesarias.
La tensión del evento no solo se reflejó en los controles de acceso. Se reportó que el ministro Rodrigo Chaves, durante un saludo dirigido a los asistentes que se mostraban afines al Gobierno, utilizó la oportunidad para burlarse de un ciudadano que emitía críticas respecto al operativo de seguridad implementado en la plaza.
El impacto de estas medidas llegó hasta el Plenario Legislativo la tarde del lunes. Diputados pertenecientes al bloque democrático denunciaron formalmente las obstrucciones al tránsito, la exigencia de cédulas para ingresar a un espacio público y el retiro forzoso de manifestantes de la Plaza Mayor. Los legisladores fueron enfáticos al calificar estas acciones como "inaceptables".
Por otro lado, estas denuncias fueron desacreditadas por el PPSO. A través de la diputada Mayuli Ortega, el partido negó la existencia de tales irregularidades, a pesar de que los reportes sobre lo sucedido circulaban ampliamente en redes sociales y fueron expuestos detalladamente durante el desarrollo de la sesión plenaria.
