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El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha emitido una decisión este lunes en la que rechaza, de manera provisional, la petición presentada por el Gobierno de Donald Trump para implementar nuevas restricciones al sistema de voto por correo. Esta resolución implica que, de cara a las elecciones de medio mandato que se celebrarán en noviembre, los estados podrán mantener y aplicar sus procedimientos actuales para la emisión, envío y recepción de las papeletas electorales.
La decisión no ha sido unánime dentro del máximo órgano judicial del país. Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas manifestaron su discrepancia con la resolución final. Por su parte, el juez Brett Kavanaugh coincidió en que las nuevas reglas no deben ser aplicadas en las elecciones de 2026, aunque mantuvo una postura matizada al dejar abierta la posibilidad de que dicha normativa pueda contar con respaldo legal en un futuro próximo.
El razonamiento central de Kavanaugh se basó en la logística y los tiempos administrativos. El magistrado consideró que tanto los estados como las diversas autoridades electorales no disponen del tiempo suficiente para implementar los cambios técnicos y operativos que requiere la nueva normativa antes de la celebración de los comicios. Esta falta de margen temporal fue un factor determinante para evitar la aplicación inmediata de las reglas.
La política en cuestión fue impulsada inicialmente por Donald Trump a través de una orden ejecutiva. Posteriormente, el desarrollo técnico de estas medidas quedó en manos del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés). El objetivo principal de esta iniciativa era establecer requisitos uniformes y estandarizados para los sobres de las papeletas federales. Entre las exigencias propuestas se incluía la incorporación de elementos de identificación específicos y el uso de códigos de barras individualizados para cada voto.
Además de las modificaciones en los sobres, la normativa pretendía obligar a los gobiernos estatales a proporcionar al Servicio Postal información básica sobre los votantes, con el fin de coordinar mejor el proceso de envío y recepción. Esta centralización de datos y estandarización de formatos era el núcleo de la propuesta del Ejecutivo.
Desde la Administración, se defendieron estas medidas argumentando que su implementación era necesaria para reforzar la seguridad y garantizar la integridad del voto por correo. Según la postura gubernamental, la uniformidad en los procesos reduciría los riesgos y aseguraría que el sistema fuera más robusto frente a posibles irregularidades.
En contraste, los detractores de la medida sostuvieron que el Servicio Postal de Estados Unidos se estaba excediendo en sus competencias legales al intentar imponer estas reglas. El argumento principal de la oposición fue que los nuevos requisitos técnicos podrían convertirse en una barrera para el ejercicio del derecho al voto, dificultando la participación de aquellos ciudadanos cuyas papeletas no cumplieran estrictamente con las nuevas condiciones impuestas.
Este conflicto legal ya había tenido pasos previos en instancias inferiores. Un juez federal en Boston había bloqueado la norma anteriormente, y un segundo juez federal en Washington había tomado la misma decisión este pasado fin de semana. La resolución del Tribunal Supremo mantiene vigentes estos bloqueos judiciales mientras el litigio sobre la legalidad y constitucionalidad de la normativa continúa su curso en los tribunales.
La disputa legal llega en un momento crítico, ya que algunos estados han iniciado ya la distribución de las papeletas por correo para las elecciones del próximo 3 de noviembre. En estos comicios se disputan 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los asientos del Senado, lo que eleva la relevancia de cualquier cambio en las reglas de votación.
El voto por correo es una pieza fundamental del sistema electoral estadounidense, aunque se caracteriza por una fragmentación normativa considerable, ya que las reglas para solicitar, enviar y contabilizar los votos varían significativamente de un estado a otro. Precisamente, esta diversidad de procedimientos ha sido uno de los puntos principales de fricción en la ofensiva emprendida por Trump para modificar las reglas del juego electoral. Por ahora, el statu quo se mantiene, permitiendo que cada estado continúe con sus procesos establecidos.
