La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó este lunes la controvertida propuesta del presidente Donald Trump destinada a modificar el sistema de envío de boletas electorales por correo en todo el país. Esta decisión detiene una medida que, según advirtieron diversos funcionarios electorales, podría haber provocado consecuencias catastróficas si se hubiera implementado para las elecciones intermedias de 2026.
En uno de los casos más significativos que ha llegado a la agenda de resolución rápida del tribunal en años, la mayoría de los magistrados bloqueó el procedimiento que pretendía otorgar al Servicio Postal de EE.UU. (USPS) una facultad sin precedentes: la capacidad de retener potencialmente millones de boletas enviadas por correo. La medida contó con la oposición no solo de demócratas, sino también de funcionarios electorales republicanos, quienes alertaron que la propuesta podría generar caos y privar a un gran número de ciudadanos de su derecho fundamental al voto.
El tribunal emitió una orden breve, de solo tres oraciones y sin firma, en la que declaró que es “poco probable que la administración tenga éxito en cuanto al fondo de su impugnación”. A pesar de la brevedad del fallo, la decisión representa una derrota importante para el presidente Trump, quien ha mantenido durante años un discurso contra el voto por correo, alegando un fraude generalizado, a pesar de que él mismo utiliza este método para votar.
La administración había defendido la propuesta calificándola como un cambio “modesto” en las normas postales, argumentando que su objetivo era proteger la integridad del proceso electoral frente al supuesto fraude. Sin embargo, los críticos describieron la acción como una apropiación inconstitucional de poder, señalando además que el Servicio Postal no estaba plenamente preparado para ejecutar tales cambios.
El magistrado Brett Kavanaugh, miembro del ala conservadora del tribunal, presentó una opinión concurrente. En ella explicó que, aunque consideraba que la propuesta podría entrar dentro de las competencias del USPS, los funcionarios electorales estatales y locales no disponían de tiempo suficiente para implementar la norma de manera razonable antes de las elecciones. Esta postura parece reconocer los argumentos de los funcionarios estatales sobre los plazos, aunque sugiere que Kavanaugh, junto a los magistrados Alito y Thomas, podría estar dispuesto a apoyar al presidente si este intentara aplicar los cambios en futuras elecciones.
Por su parte, el magistrado Samuel Alito expresó su disenso, afirmando que las inquietudes prácticas sobre la implementación, planteadas por numerosos funcionarios electorales, no eran suficientes para que ganaran los estados y los grupos de defensa del derecho al voto que impugnaron la medida. Alito sostuvo que el Gobierno tiene un “interés legítimo” en aplicar la norma para mejorar la visibilidad del correo con boletas federales y detectar mejor el fraude electoral, calificando el intento de bloquearla como un "intento desesperado".
La controversia técnica se centró en que la norma del USPS exigía a los estados cargar grandes cantidades de datos de los votantes en un portal en línea que aún no estaba operativo. Además, requería modificaciones en los sobres de votación que ya habían sido adquiridos y que un número creciente de estados ya había comenzado a enviar por correo. Esta situación llevó a una coalición bipartidista de administradores electorales, exgobernadores y otras figuras a advertir sobre los riesgos de estos cambios de última hora.
Desde el ámbito político, la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, celebró el fallo afirmando que el intento de Trump de sabotear las elecciones de 2026 ha fracasado. Mientras tanto, la Casa Blanca no ha emitido comentarios tras ser contactada por CNN.
La propuesta presidencial exigía que los estados entregaran listas de votantes elegibles al USPS, prohibiendo a la agencia la entrega de boletas a personas que no figuraran en dichas listas. También obligaba a los estados a utilizar códigos de barras de seguimiento en los sobres de las boletas y otorgaba “prioridad” al procesamiento federal en casos de boletas destinadas a personas que no fueran ciudadanas o que no cumplieran los requisitos para votar.
A estas tensiones se sumaron las revelaciones de un denunciante del Servicio Postal. Según su informe, el plan no solo implicaba retener una boleta si hubiera problemas con el código de barras del sobre, sino que los funcionarios se negarían a entregar todo el lote de correspondencia al que perteneciera dicho sobre. El denunciante también alertó sobre un proceso apresurado para implementar el sistema de intercambio de datos en línea, lo que podría hacer que el plan fuera vulnerable a una privación masiva del derecho al voto.
Este recurso de emergencia marca la tercera vez que el Gobierno de Trump acude a la Corte Suprema en relación con esta política. Aunque a finales de agosto el tribunal permitió inicialmente seguir adelante por motivos técnicos relacionados con el momento de la demanda, un tribunal federal de menor instancia bloqueó posteriormente la entrada en vigor de los cambios. Recientemente, el juez federal de distrito Carl Nichols, designado por el propio Trump, también suspendió la aplicación de la norma de cara a las elecciones intermedias.
Finalmente, el conflicto subraya una disputa constitucional, ya que, según la Constitución, son los estados y el Congreso quienes determinan los procedimientos de votación, y no la Casa Blanca ni el Servicio Postal. A pesar de las teorías difundidas por Trump sobre el fraude en 2020, diversas instancias han confirmado que las irregularidades en la votación son muy poco frecuentes y la administración nunca ha presentado pruebas de un fraude generalizado a una escala capaz de influir en el resultado de los comicios.
