El balance de los primeros seis meses de la administración del Presidente Kast ha quedado evidenciado no solo en las cifras oficiales, sino en un momento de indiscreción que ha servido para graficar la temperatura interna del Ejecutivo. Tras una votación desfavorable para el Gobierno en el Congreso, el ministro del Trabajo reaccionó ante un micrófono encendido con la frase "¡Qué desastre hueón!", una expresión que hoy resuena como el titular de diversos medios y comentaristas políticos para describir la gestión actual.
Lo que inicialmente era calificado en los pasillos de La Moneda y por diversos opinólogos como un gobierno "fome y triste", ha pasado a ser descrito como una administración mediocre y desastrosa. Esta percepción se sustenta en datos concretos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del IPOM del Banco Central. Según analistas de mercado y el propio Banco Central, el país se encamina a cerrar el año con un crecimiento de entre 0,3% y 0,5%, considerando que a julio el promedio era de -0,3%, lo que representa, en la práctica, un año perdido.
En materia económica, el contraste con las promesas de campaña es evidente. Mientras el mandatario se comprometió a recuperar un crecimiento del 4%, la realidad muestra una economía frenada, sin inversión materializada tanto en el sector privado como en el público, y con un consumo a la baja tras el "bencinazo" de marzo. A esto se suma un desempleo récord del 9,5%, cifra que asciende al 10,4% en el caso de las mujeres, con seis regiones que superan el 10% de desocupación.
El Gobierno ha sido criticado por la ausencia de un Plan ProEmpleo, debido a la paralización de la inversión pública en sectores críticos como el MOP, Salud, Educación y los Gobiernos Regionales, los cuales muestran una ejecución pobrísima a julio. Asimismo, el Ministerio de Ciencias enfrenta reclamos de rectores de universidades tradicionales por la falta de un calendario de concursos para fondos de Innovación productiva y Tecnológica, evidenciando una lentitud preocupante en el gasto nacional en innovación.
La situación financiera de las familias chilenas es igualmente crítica. La inflación subió al 4,1% en 12 meses, con proyecciones de alcanzar el 5% en diciembre, impulsada por alzas en combustibles, electricidad y alimentos. Este fenómeno se refleja en la UF, que pasó de $39.800 en marzo a una proyección de $41.500 para diciembre, encareciendo el costo de vida en un escenario de estancamiento económico y desempleo.
En el ámbito de la seguridad, las promesas de campaña tampoco se han materializado. Tras el rápido cambio de cartera, el ministro Arrau propuso una reforma constitucional para crear un nuevo Estado de Excepción, medida que ha sido rechazada transversalmente, incluso por sectores partidarios del Gobierno. La percepción ciudadana es negativa: una encuesta de B&W señala que solo el 30% de la población aprueba la gestión del Presidente Kast frente a la delincuencia, considerando que los operativos policiales, como el traslado de reos a Talca, han sido vistos más como shows comunicacionales que como soluciones efectivas.
La gestión administrativa también ha sido cuestionada por lo que se describe como "sillitas musicales" y nepotismo. Se destaca el caso de una ministra del Deporte que, tras ser despedida por múltiples errores, fue nombrada 20 días después en el segundo piso de La Moneda. Además, se ha denunciado la contratación de un joven de 19 años en el Ministerio del Interior, con una remuneración cercana a los dos millones de pesos, justificada únicamente por ser hijo de una militante de la UDI.
La inestabilidad en el equipo de gobierno es notable: en seis meses, 44 altos funcionarios han renunciado o sido despedidos, incluyendo a tres ministras y 26 Seremis. Un punto crítico es que las tres ministras despedidas fueron reemplazadas por hombres, lo que ha generado cuestionamientos sobre un posible rasgo de misoginia o machismo en la autoridad.
En el plano internacional, la gestión ha pasado de una crítica por una Cancillería sobreideologizada con apoyos a Trump y Milei, a una incapacidad de prevenir el impacto de los aranceles de Trump, afectando a la industria salmonera en Aysén y Los Lagos, y a la agricultura en O'Higgins, Maule y Ñuble. A esto se suman las tensiones con Argentina por la soberanía en el Estrecho de Magallanes, lo que derivó en una interpelación parlamentaria contra el canciller Pérez.
Finalmente, las encuestas reflejan el malestar general. Cadem indica que el 62% de los encuestados considera que el gobierno ha sido peor de lo esperado, otorgándole al mandatario una calificación reprobatoria de 3.4. Esta caída ha generado nerviosismo en las élites de derecha, que ya critican públicamente la falta de experiencia política, la debilidad comunicacional y las descoordinaciones ministeriales, advirtiendo un posible desastre político hacia las elecciones de 2028.
