En un pronunciamiento judicial relevante para la política de lucha contra las drogas en Colombia, un juez del departamento del Putumayo, ubicado al sur del país, ha emitido una orden para detener la ejecución de un controvertido plan piloto impulsado por el Gobierno nacional. Esta iniciativa buscaba reintroducir las fumigaciones aéreas como herramienta para la erradicación de cultivos ilícitos, una práctica que se encontraba suspendida en todo el territorio colombiano desde el año 2017 debido a diversas preocupaciones sanitarias.
La decisión fue tomada por el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, municipio perteneciente al departamento del Putumayo. El despacho judicial concedió una medida provisional tras analizar una tutela interpuesta por un ciudadano, quien solicitó la intervención legal para evitar la implementación de estas actividades. Como resultado de este proceso, el juez ordenó la suspensión inmediata de cualquier actividad de aspersión aérea que se pretenda llevar a cabo dentro de los límites geográficos del departamento del Putumayo.
El núcleo del conflicto radica en el tipo de sustancia química que el Gobierno pretendía utilizar en este plan piloto. El proyecto contemplaba el uso de glufosinato de amonio, un herbicida que presenta restricciones significativas a nivel internacional. De acuerdo con la información disponible, este producto no está permitido para su uso en la Unión Europea (UE). Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado este herbicida como un agente "moderadamente peligroso", lo que ha alimentado las preocupaciones de los ciudadanos y las organizaciones que se oponen a su aplicación en el campo.
Desde la perspectiva del Gobierno colombiano, la implementación de este plan no representaba un retorno generalizado a las políticas de fumigación masiva. Según los detalles técnicos del proyecto, se trataba de una fase experimental diseñada para ser controlada, limitada y temporal. El plan operacional especificaba que las aspersiones serían ejecutadas mediante el uso de aeronaves tripuladas y tendrían un alcance máximo de 1.000 hectáreas. Además, la duración de estas operaciones estaba prevista para extenderse por un periodo de hasta siete días calendario.
El Consejo Nacional de Estupefacientes fue el organismo encargado de justificar la necesidad de este plan piloto. Según esta entidad, el objetivo primordial no era reactivar la fumigación aérea de manera global en el país, sino utilizar el espacio experimental para obtener evidencia científica concreta. Los puntos clave que el Gobierno pretendía evaluar incluían la eficacia real del herbicida glufosinato de amonio, la precisión técnica de las aplicaciones aéreas y la posible deriva del producto, es decir, el desplazamiento del químico fuera del objetivo previsto. Asimismo, el estudio buscaba analizar los posibles riesgos e impactos que dicha sustancia podría generar sobre la salud de las personas y el equilibrio del medioambiente.
Para comprender la magnitud de esta decisión judicial, es necesario revisar el contexto histórico de la erradicación en Colombia. Durante años, la aspersión aérea de herbicidas fue una de las herramientas principales y más recurrentes utilizadas por el Estado para combatir los cultivos ilícitos, con un enfoque especial en la planta de coca. Sin embargo, este modelo entró en crisis hace casi una década. En el año 2015, bajo la administración del entonces presidente Juan Manuel Santos, se suspendieron las fumigaciones basadas en el glifosato, citando motivos estrictamente sanitarios.
Posteriormente, en el año 2017, la suspensión de estas actividades se volvió definitiva tras una orden emitida por la Corte Constitucional. Esta decisión judicial de alto nivel se produjo en un contexto de profundos cuestionamientos y alertas sobre los efectos nocivos que el producto químico podía tener tanto en la salud de las poblaciones campesinas que habitan las zonas de aspersión como en la biodiversidad del medioambiente circundante.
A raíz de este cese definitivo, las autoridades colombianas han tenido que adaptar sus estrategias de combate a los cultivos ilícitos. Desde 2017, el Estado ha recurrido principalmente a dos modalidades: la erradicación manual, que implica la remoción física de las plantas, y las estrategias de sustitución voluntaria de cultivos, mediante las cuales se incentiva a los agricultores a cambiar la coca por productos lícitos. A pesar de estos cambios, la aspersión aérea ha permanecido como un tema recurrente en el debate público y político, siendo planteada frecuentemente como una alternativa para frenar el crecimiento de los cultivos de uso ilícito en diversas regiones del país.
