El oficialismo consiguió este miércoles avanzar con el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). En un plenario de las comisiones de Economía Nacional y de Presupuesto y Hacienda, encabezadas por los senadores Martín Goerling Lara (Pro) y Agustín Monteverde (LLA), se dictaminó la iniciativa con la presencia del presidente y vicepresidente del Banco Central, Santiago Bausilli y Vladimir Werning. Tras este paso, el proyecto estará en condiciones de llegar al recinto de la Cámara alta en una semana, estando previsto su tratamiento para la próxima sesión del 17 de septiembre.
Durante el plenario en las comisiones, Santiago Bausilli defendió la reforma impulsada por el Gobierno y señaló ante los presentes: “Coincido con que el BCRA debiera estar al servicio del pueblo argentino. El problema es que, en gran parte de su historia, estuvo al servicio de los políticos y no del pueblo”.
Por su parte, la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, sostuvo respecto a la iniciativa: “Esta reforma no le pertenece a este Gobierno. Le pertenece a cualquier Gobierno que quiera que la Argentina deje de ser un país marginal”. La senadora oficialista remarcó que la discusión no se limita a la organización interna del Banco Central, sino que busca definir qué institución monetaria necesita el país para su futuro económico y social.
En ese sentido, Bullrich señaló que establecer como misión primaria del Banco Central la preservación del valor de la moneda “no es una abstracción técnica, sino una decisión sobre un estilo de vida”. Según explicó detalladamente, se trata de preservar el poder de compra de los salarios, evitar que el ahorro pierda valor, mejorar el alcance de las jubilaciones y favorecer la producción y el crecimiento en todo el territorio nacional.
Asimismo, la senadora advirtió que la inflación permanente afecta de manera directa y especial a quienes cuentan con menos herramientas para protegerse de la pérdida de poder adquisitivo. “Si tomamos al trabajador, al jubilado, al pequeño comerciante, todos están expuestos a la inflación. Estamos defendiendo a quienes no tienen cómo defenderse cuando el valor de la moneda se deprecia todos los días”, enfatizó durante su exposición.
En la vereda opuesta, el jefe de la bancada Justicialista, José Mayans, rechazó de plano la reforma del BCRA impulsada por el Gobierno nacional. “Nosotros no podemos estar de acuerdo con un proyecto donde se erige un Banco Central sobre los poderes públicos, por sobre los poderes que la Constitución dicta en su artículo 1°”, afirmó el legislador opositor. Mayans calificó la iniciativa como “inconstitucional” y cuestionó firmemente que los cambios propuestos concentren la toma de decisiones en el Directorio y limiten casi hasta su extinción la capacidad de control parlamentario sobre el organismo monetario.
Uno de los principales objetivos que persigue el Gobierno con la reforma es reforzar como función central del Banco Central la preservación del valor de la moneda. El proyecto modifica sustancialmente el funcionamiento del organismo, busca limitar los mecanismos de financiamiento del Estado mediante la emisión monetaria, establece nuevas reglas claras para la distribución de las utilidades y apunta directamente a fortalecer la independencia de sus autoridades en el ejercicio de sus funciones.
Entre los cambios aprobados previamente por la Cámara de Diputados y que forman parte del texto en debate, figura la eliminación de la posibilidad de que el ministro de Economía participe con voz en las reuniones del Directorio del Banco Central. El proyecto también establece nuevas condiciones y requisitos para la remoción de las autoridades de la institución.
De acuerdo con el articulado, el presidente, el vicepresidente y los directores solo podrán ser apartados de sus cargos por las causales que se encuentren expresamente previstas en la ley. La destitución de los funcionarios, además, deberá contar con la aprobación previa de ambas cámaras del Congreso de la Nación, requiriendo para ello de una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes.
No obstante estas modificaciones en la estabilidad y remoción de los funcionarios, el sistema de designación se mantiene tal como rige actualmente: los integrantes del Directorio seguirán siendo propuestos por el Poder Ejecutivo y deberán contar obligatoriamente con el acuerdo del Senado de la Nación por mayoría simple.
Con la obtención del dictamen de mayoría, conseguido gracias al acuerdo entre La Libertad Avanza y sus aliados en el plenario de las comisiones de Economía Nacional y de Presupuesto y Hacienda, el proyecto de ley quedó habilitado para ser tratado directamente en el recinto de la Cámara alta durante la próxima sesión programada para el 17 de septiembre, donde se definirá su sanción definitiva.
