El Gobierno analiza la posibilidad de ampliar el alcance de las sanciones que contempla la anunciada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional e incluir a otras actividades vinculadas con las Islas Malvinas, entre ellas la pesca. Esta modificación supone la revisión de la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, la cual establece penalizaciones para aquellas actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin la debida autorización.
El tema fue abordado de manera directa en la última reunión de mesa política. La discusión sobre este endurecimiento normativo surge tras la cadena nacional emitida por el presidente Javier Milei, momento en el cual el peronismo reclamó la inclusión específica del sector pesquero dentro del proyecto. Incluso, el titular de la bancada opositora, Germán Martínez, formalizó esta propuesta durante la sesión llevada a cabo este miércoles.
Ante este panorama, el Poder Ejecutivo prevé enviar la iniciativa formal al Congreso el próximo lunes. Por estas horas, la administración analiza si realizará una presentación de carácter tradicional o si enviará a un funcionario del gabinete para explicar los detalles técnicos y jurídicos del articulado ante los legisladores. Entre los posibles expositores se barajan los nombres de los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quienes participaron activamente en la redacción del texto legislativo.
En cuanto a los plazos legislativos, la administración libertaria apuesta a que la normativa comience a tratarse en la Cámara de Diputados entre fines de septiembre y principios de octubre. Desde el oficialismo confían en que el proyecto tendrá un rápido avance en el ámbito parlamentario.
Esta discusión parlamentaria y política se da en paralelo a la ofensiva que lleva adelante el Gobierno nacional contra diversas empresas vinculadas con supuestos negocios petroleros ilegales en las Islas Malvinas, prestando especial atención al desarrollo del proyecto Sea Lion.
En la misma línea estratégica, el presidente Javier Milei anunció además la construcción de una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego. Respecto al financiamiento de esta obra de infraestructura, el mandatario aclaró que estará contemplado en el Presupuesto 2027 y que su ejecución no afectará el equilibrio fiscal del país.
Durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, el jefe de Estado brindó detalles sobre el alcance de las medidas adoptadas. “Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”, sostuvo de manera enfática el mandatario ante los presentes.
Asimismo, Milei destacó la reasignación de recursos económicos, tras reiterar que la medida “no pone en juego el superávit”, destinados tanto a la creación de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego como a diversas inversiones proyectadas en el área de telecomunicaciones.
En el mismo discurso, el presidente precisó el impacto inmediato de las acciones gubernamentales en curso. “Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente la cuenca Malvinas sin nuestra autorización”, concluyó el mandatario, marcando el pulso de la actual política oficial sobre los recursos en la región insular y marítima del Atlántico Sur.
