El Gobierno argentino presentó una denuncia penal contra diversas empresas que buscan realizar actividades de extracción de petróleo en las Islas Malvinas sin la autorización ni la concesión correspondiente del Estado nacional. La presentación, que consiste en un escrito de 19 páginas, fue presentada ante la Justicia Federal el pasado lunes a las 21:22 por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
La demanda apunta directamente contra las firmas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic Limited, su controlante Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. El escrito no solo abarca a las estructuras corporativas, sino que también incluye en la acusación a sus directores, administradores, representantes, gerentes o intermediarios que hayan tomado decisiones o participado en la ejecución de los hechos.
El fundamento jurídico de la denuncia se basa en la Ley 26.659 de protección de la plataforma continental, la cual establece penas de hasta 15 años de prisión para aquellas tareas de exploración y extracción hidrocarburífera que se realicen sin autorización en aguas de jurisdicción argentina. Según la Cancillería, la puesta en marcha de infraestructura en estas áreas constituye un avance ilícito sobre los recursos naturales del país, dado que Argentina ejerce derechos soberanos sobre dicho territorio.
Un aspecto central de la denuncia es la solicitud de evaluar si la estructura corporativa diseñada para financiar y ejecutar el proyecto denominado "Sea Lion" encuadra en los delitos de asociación ilícita, conforme al artículo 210 del Código Penal, y lavado de activos, según los artículos 303 y 304 del mismo cuerpo legal. De confirmarse estos delitos, la causa tendría un impacto significativo en la operatividad de las compañías involucradas, ya que habilitaría el rastreo de fondos en el exterior mediante asistencia jurídica mutua internacional y agravaría las penas para los directivos y apoderados.
Además de las sanciones penales, el Gobierno ha solicitado medidas cautelares como embargos preventivos, inhibiciones generales de bienes y el decomiso de los equipos, insumos e hidrocarburos que pudieran ser extraídos. La investigación también busca determinar la posible comisión de delitos de contaminación ambiental bajo la Ley de Residuos Peligrosos y delitos de contrabando previstos en el Código Aduanero.
El detonante de esta acción judicial fue el reciente anuncio de las compañías involucradas sobre haber alcanzado la Decisión Final de Inversión (FID) para el proyecto Sea Lion. Este plan contempla la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante de almacenamiento y descarga (FPSO), con el objetivo de iniciar la extracción comercial del primer barril de petróleo en el año 2028. El contexto geopolítico también influyó en la decisión, tras las declaraciones de Donald Trump sobre una posible revisión de la postura neutral de los Estados Unidos respecto al litigio de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.
En paralelo a la vía judicial, el presidente Javier Milei ha impulsado una serie de medidas estratégicas. Durante una cadena nacional el pasado jueves, el mandatario confirmó la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y anunció el envío al Congreso de un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla el endurecimiento de sanciones para empresas extranjeras que operen en las islas sin permiso argentino. Asimismo, Milei instó a la dirigencia política a mantener un frente común en la causa Malvinas.
En sus declaraciones, el presidente vinculó la capacidad económica con la capacidad de defensa, señalando que un país sin prosperidad difícilmente puede avanzar en sus reclamos soberanos. “Debemos entender que la prosperidad es condición necesaria para la seguridad y la seguridad es condición necesaria para la supervivencia”, afirmó Milei, subrayando que proteger el Atlántico Sur es una cuestión de seguridad nacional.
Finalmente, el Ejecutivo ha dado instrucciones directas al ministro de Economía, Luis Caputo, para que en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 se priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos estratégicos para la protección de los intereses soberanos. Según la Oficina del Presidente, estas acciones forman parte de una política integral para fortalecer la defensa del territorio y sus recursos naturales.
