El Poder Judicial ha iniciado un proceso de fortalecimiento en sus protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de sus colaboradores. Ante el incremento de los riesgos asociados al crimen organizado, la institución ha manifestado la compleja realidad de que no puede garantizar la protección absoluta de sus 13.800 servidores frente a posibles agresiones. El magistrado Gerardo Rubén Alfaro, integrante de la Sala III, detalló que la estrategia institucional se fundamenta en un plan estructurado bajo tres ejes principales: infraestructura, seguridad electrónica y seguridad humana.
Estas acciones, que se encuentran en marcha desde el año 2024, han adquirido una relevancia crítica debido a la crisis de inseguridad que atraviesa el país y a los recientes actos de violencia registrados incluso en las proximidades de los tribunales de justicia. Según explicó el magistrado Alfaro, la delincuencia organizada tiende a contraatacar cuando sus estructuras se ven menoscabadas por las acciones policiales o las decisiones judiciales, buscando demostrar su capacidad de organización y fuerza.
El primer eje de este plan consiste en la adecuación de la infraestructura judicial para enfrentar escenarios de mayor riesgo. El magistrado señaló que un desafío importante es la antigüedad de diversas edificaciones, las cuales fueron construidas en una época en la que la violencia del crimen organizado no representaba el nivel de preocupación actual. Asimismo, existen inmuebles alquilados que requieren intervenciones para mejorar sus condiciones de seguridad.
En zonas como Limón y Pococí, el Poder Judicial ya ha implementado cerramientos perimetrales y accesos diferenciados para separar el tránsito de funcionarios del de los usuarios externos. También se han incorporado esclusas para controlar el ingreso de personas y prevenir que se introduzcan armas u otros objetos peligrosos en las instalaciones. En Batán, una zona identificada por el magistrado como de “altísimo impacto” debido a la frecuencia de homicidios y enfrentamientos entre bandas, las medidas también se han intensificado. En esta localidad operan tres edificaciones distintas: una que alberga el Juzgado Penal, la Fiscalía y el OIJ; otra para la Defensa Pública; y una tercera para el Juzgado Contravencional. En este último edificio, situado a la orilla de la vía pública, se ha requerido el reforzamiento de las ventanas, aunque Alfaro reconoció que las condiciones actuales impiden un traslado inmediato de los funcionarios. Para solucionar esto a largo plazo, se trabaja en un proyecto para una nueva sede en Batán con criterios de seguridad integrados desde su diseño, siguiendo el modelo de la nueva construcción en proceso en Quepos.
El segundo eje se centra en la seguridad electrónica, la cual incluye sistemas de control de acceso, alarmas, cámaras de vigilancia y la instalación de botones de pánico en diferentes despachos para atender emergencias. Para optimizar estas medidas, la institución ha recibido apoyo de expertos de España y Estados Unidos mediante programas de cooperación internacional. Estos especialistas han brindado recomendaciones técnicas para el diseño y modificación de los edificios judiciales, tales como el reforzamiento de las casetas de seguridad, la separación de los accesos y la reducción de desplazamientos innecesarios de los usuarios. Una de las estrategias es concentrar diligencias como la recepción de documentos o la toma de firmas en puntos específicos, evitando que las personas externas deban transitar por diversas áreas de los tribunales.
El tercer eje, denominado “seguridad humana”, aborda la gestión del riesgo individual. Debido a que la institución no posee la capacidad de brindar seguridad personalizada a la totalidad de sus 13.800 empleados, la estrategia se enfoca en la capacitación para el autocuidado. Entre 2024 y 2026, se llevará a cabo un programa de visitas a todos los circuitos judiciales del país para instruir al personal sobre cómo identificar riesgos y cómo reaccionar ante un eventual atacante activo. El magistrado Alfaro subrayó la importancia de esta educación, señalando que el entorno actual exige competencias distintas a las de hace 15 años. Entre las recomendaciones de autocuidado se encuentran la variación de las rutas habituales entre la vivienda y el trabajo y la identificación de lugares o rutinas que puedan representar un peligro en zonas con presencia de grupos delictivos. El magistrado aclaró que el objetivo no es el aislamiento de los funcionarios, sino la gestión consciente de los riesgos para seguir desarrollando sus labores.
Para casos donde el peligro sea real y específico, el Poder Judicial cuenta con programas de protección que incluyen seguimiento, acompañamiento y apoyo psicológico. No obstante, Alfaro advirtió que estas medidas pueden exigir cambios drásticos en la vida de la persona, como el traslado de su vivienda a un lugar desconocido para terceros, decisiones que deben basarse en labores de inteligencia y valoración de riesgo.
La violencia ha impactado la cotidianidad de los trabajadores en zonas como Batán, Limón, Bribri, Talamanca y Liberia, además de sectores de Guanacaste con registros recientes de homicidios. Muchos funcionarios se ven obligados a modificar sus rutinas, como permanecer dentro de las instalaciones desde la mañana hasta el final de la jornada para evitar exponerse al salir a comer. El magistrado recordó con pesar el caso de un oficial judicial que fue atacado mientras salía de su casa para buscar comida en un restaurante.
Finalmente, la implementación de este plan enfrenta limitaciones presupuestarias. Aunque se había previsto cerca de ¢2.800 millones para 2027 destinados a infraestructura y seguridad, las medidas de contención presupuestaria redujeron ese monto en aproximadamente ¢1.000 millones, dejando una disponibilidad de ¢1.800 millones. Alfaro advirtió que un recorte adicional comprometería la continuidad de estas acciones. En paralelo, la Comisión de Seguridad Institucional —integrada por la Dirección Ejecutiva, el Departamento de Seguridad, el Ministerio Público, el OIJ y cinco magistrados— trabaja en una política operativa de seguridad institucional que busca unificar todos los protocolos en un solo documento rector.
