El Gobierno de Javier Milei ha anunciado que llevará adelante una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Esta medida se fundamenta en presuntas infracciones a la Ley 26.659, normativa que sanciona cualquier actividad de extracción o búsqueda de recursos naturales que no haya sido autorizada previamente por las autoridades argentinas en dicha zona.
De acuerdo con información obtenida por Infobae, la demanda será presentada ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. El proceso estará liderado por el canciller Pablo Quirno y contará con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. Las sociedades alcanzadas por esta acción legal son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
El argumento central del texto oficial sostiene que tres de estas firmas —específicamente Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos otorgados por el Reino Unido para ejecutar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos. Estas actividades se enmarcan en el proyecto conocido como "Sea Lion". Para la Casa Rosada, el hecho de operar bajo autorizaciones británicas implica una vulneración directa de la normativa argentina vigente sobre los recursos naturales situados en los alrededores de las islas Malvinas.
La estrategia legal del Estado no se limitará exclusivamente a las personas jurídicas. El Gobierno ha indicado que la acusación se extenderá a todas las personas físicas involucradas en la toma de decisiones y ejecución de los hechos bajo investigación. Esto incluye a directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o personas autorizadas que hayan participado en las actividades cuestionadas.
La Ley 26.659 es la herramienta legal clave en este proceso, ya que establece sanciones específicas para quienes realicen tareas de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin el consentimiento de las autoridades nacionales. Desde la Oficina del Presidente se afirmó que esta medida tiene como objetivo primordial proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Asimismo, el Ejecutivo señaló que persistirá en las acciones que considere necesarias frente a cualquier actividad que afecte los derechos soberanos argentinos sobre dichos territorios.
En paralelo a la acción judicial, el Presidente ha emitido una instrucción dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo. La orden establece que el proyecto de Presupuesto 2027 debe contemplar como una prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada, además de otros proyectos vinculados con la seguridad nacional. Esta iniciativa presupuestaria debe ser presentada ante el Congreso el próximo 15 de septiembre, con el fin de asegurar la protección de los intereses soberanos y la Seguridad Nacional.
Esta denuncia penal se suma a una serie de medidas anunciadas el pasado viernes, cuando el Gobierno informó que la Cancillería iniciaría procedimientos sancionatorios contra 45 personas, tanto humanas como jurídicas. Entre ellas se encuentran las empresas que ahora serán denunciadas penalmente. Esta decisión busca frenar el avance del proyecto Sea Lion y endurecer la postura argentina ante operaciones calificadas como ilegítimas en un territorio bajo disputa de soberanía.
El anuncio ocurre horas después de una cadena nacional en la que el presidente Javier Milei ratificó el reclamo argentino sobre las islas y cuestionó el avance del yacimiento Sea Lion. Este emprendimiento, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, sería el primero en producir crudo en aguas próximas al archipiélago si se concreta. El proyecto es conducido por Navitas Petroleum, que posee el 65% de la participación, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante.
El campo petrolífero fue descubierto en el año 2010 y se sitúa a unos 220 kilómetros al norte de las islas, a una profundidad de 450 metros en el lecho marino. Hacia fines de 2025, las compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa, lo que indica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras fueron completadas y el proyecto se consideró viable. Sin embargo, la Cancillería argentina ya había rechazado dicha decisión en diciembre de 2025, calificando a las firmas como licenciatarias ilegítimas por operar sin permisos nacionales y sosteniendo que cualquier explotación unilateral contradice las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
