El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión de Gabinete en la Casa Rosada con el objetivo primordial de coordinar el envío de proyectos de ley al Congreso relacionados con la cuestión de las Islas Malvinas. Tras el anuncio realizado en cadena nacional el pasado jueves, el Ejecutivo busca endurecer las sanciones contra las empresas internacionales que operen en el archipiélago sin la autorización de la Argentina. En este sentido, el Gobierno ya ha procedido a denunciar penalmente a cinco compañías hidrocarburíferas: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Durante el encuentro ministerial, que contó con la presencia de todos los ministros, la senadora Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se definió que el tratamiento de los proyectos de ley se inicie en la Cámara de Baja. Asimismo, se analizó el impacto mediático de las medidas anunciadas y se coordinaron los pasos a seguir, incluyendo la participación del canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, en la Mesa Política del martes. En sintonía con esta postura, el secretario de Malvinas, Andrés Dachary, solicitó la derogación del Tratado de Inversiones entre Argentina y el Reino Unido, calificando como un "error geopolítico" mantener un acuerdo que cede jurisdicción y garantiza el trato de "nación más favorecida".
En el plano internacional, la postura argentina recibió un respaldo inesperado desde Israel, donde el ministro de Seguridad Nacional sugirió que su Estado debería reconocer públicamente que las islas son territorio argentino ocupado, instando al primer ministro Benjamín Netanyahu a imponer sanciones a Gran Bretaña. Por otro lado, la agenda presidencial incluyó reuniones con directivos de las empresas tecnológicas Tesla y DayOne Data, además de un encuentro previsto con Antonio Tajani, vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia.
En el ámbito político interno, se evidenciaron tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). Un precandidato presidencial del PRO afirmó que su partido se mantiene como oposición y que "no hay co-gobierno", subrayando que "no son lo mismo que LLA". Sobre los funcionarios del PRO que integran el Gobierno, como el jefe de Gabinete Diego Santilli, el dirigente señaló que actúan a título personal. Asimismo, defendió la importancia de las PASO y la posibilidad de presentar una candidatura independiente, sugiriendo que el oficialismo intentaría eliminarlas para evitar candidaturas mixtas.
Simultáneamente, se desató un fuerte conflicto por el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La jueza Marta Elba Pascual suspendió preventivamente por 60 días la aplicación de la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, tras un habeas corpus preventivo colectivo. Esta decisión generó reacciones encontradas: mientras funcionarios de LLA y la senadora oficialista criticaron al gobernador Axel Kicillof, acusándolo de estar "del lado del delincuente", diputados de Unión por la Patria apoyaron la medida argumentando que bajar la edad de punibilidad vulnera los derechos de los niños y adolescentes ante la falta de infraestructura especializada.
En materia económica, el Gobierno implementó diversas medidas para estabilizar el mercado y fomentar el crédito. El Ministerio de Economía otorgará al Banco Central mayor "poder de fuego" mediante un canje de bonos y la emisión de letras del Tesoro vinculadas al dólar por hasta 2.000 millones de dólares. Además, se lanzó la primera licitación de plazos fijos con fondos de la Anses, por 200.000 millones de pesos, destinada a financiar créditos hipotecarios. Por su parte, el Banco Nación redujo la tasa para refinanciar deudas del 35% al 29%. Paralelamente, el ministro Federico Sturzenegger reportó que hasta agosto de 2026 se han modificado o eliminado 17.115 artículos normativos en su plan de desregulación.
Finalmente, el escenario social presentó contrastes. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) suspendió paros en el PAMI luego de que los trabajadores recibieran un aumento del 14,1% y un bono de 180.000 pesos, aunque el gremio calificó la medida como insuficiente y exige reabrir paritarias. En contraposición, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) convocó a un paro de 24 horas para este martes en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En una nota más personal, el presidente y Karina Milei recibieron en la Casa Rosada a Hela, una perra de la división antinarcóticos de la Policía Federal que se retira tras años de servicio en la Hidrovía Paraná.
