Nueve exlegisladores del periodo 2022-2026 han relatado haber ingresado al programa de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público tras recibir graves amenazas contra su integridad física. Los exdiputados vinculan estas intimidaciones directamente con sus posiciones políticas de oposición, las investigaciones impulsadas desde el Congreso y sus críticas hacia el gobierno del entonces presidente Rodrigo Chaves.
Para sobrevivir a este clima de inseguridad, varios de los exlegisladores aseguraron haber incorporado medidas extremas a su vida cotidiana. Entre estas acciones destacan el uso de chalecos antibalas para trasladarse al trabajo, el cese de salidas individuales, el cambio constante de rutas de transporte y la vigilancia permanente para detectar posibles seguimientos. Incluso, algunos extendieron estas precauciones a su núcleo familiar, solicitando a sus hijos que no revelaran la identidad de sus padres para evitar represalias.
Kattia Cambronero, quien se desempeñó como diputada independiente, detalló que comenzó a recibir acompañamiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a inicios de 2025. El detonante fue la persecución de un motociclista mientras realizaba ejercicio, quien le advirtió que dejara de "molestar al gobierno" o "le iban a sonar". Posteriormente, recibió una amenaza de muerte por correo electrónico que permitió al OIJ identificar al responsable, quien hoy enfrenta un proceso penal. Cambronero recordó el impacto psicológico de usar chaleco antibalas y la preocupación constante por la seguridad de sus hijos.
Por su parte, Dinorah Barquero, exlegisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), describió episodios de violencia física en su entorno privado. Barquero relató que una persona ingresó por la fuerza a su hogar y, aunque no sustrajo ningún objeto, atacó a su perro con un machete. En otra ocasión, alguien lanzó un gato muerto sobre las verjas de su vivienda. La exdiputada confesó que inicialmente no hizo públicos estos hechos por la dificultad de asimilar que tales actos pudieran ocurrir en Costa Rica.
Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), vinculó las amenazas contra su vida a finales de 2024 con sus denuncias sobre el desmantelamiento del Servicio Nacional de Guardacostas. A inicios de 2025, recibió un correo electrónico con la frase: "Mamita cuídese, la vamos a ejecutar". Guillén, quien aún permanece en el programa de protección, enfatizó que es fundamental visibilizar estos casos para que la sociedad comprenda el nivel de violencia alcanzado y se evite la normalización de las amenazas por pensar diferente.
Otros testimonios reflejan la brutalidad de los mensajes recibidos. Geison Valverde (PLN) permaneció bajo protección desde junio de 2024 hasta febrero de 2026, tras recibir amenazas donde se le advertía que le cortarían la cabeza para empalarla en el parque de la Democracia. Francisco Nicolás (PLN) también describió las recomendaciones del programa de protección, que incluyen sentarse siempre mirando la salida en lugares públicos y cambiar de vehículo frecuentemente.
Johana Obando, exdiputada independiente, señaló que los ataques en redes sociales aumentaban después de que el expresidente Rodrigo Chaves se refiriera a ella en las conferencias de prensa de Casa Presidencial. Obando relató haber sido blanco de un usuario que se identificaba como neonazi y de una mujer que la instaba al suicidio. Debido a una evaluación de "muy alta probabilidad de peligro", Obando utilizó chaleco antibalas y cambió sus hábitos de consumo, optando por compras en línea para evitar ir al supermercado.
Andrea Álvarez (PLN) también denunció haber recibido una amenaza de muerte vía correo electrónico, el mismo medio utilizado contra Sofía Guillén. Aunque Álvarez rechazó ingresar al programa de protección, subrayó la diferencia entre las críticas constructivas inherentes al cargo político y las amenazas directas contra la vida.
Otros exlegisladores también reportaron incidentes similares. Vanessa Castro (PUSC) recibió llamadas intimidatorias y amenazas de muerte; Ariel Robles (FA) fue amenazado en pleno plenario por un hombre que gritaba desde la barra del público. Alejandro Pacheco (PUSC), quien no solicitó protección oficial, indicó que comenzó a andar armado tras ser amenazado e intentar golpearlo en la calle en varias ocasiones. Finalmente, Rocío Alfaro (FA) y Paulina Ramírez (PLN) confirmaron haber recibido amenazas de muerte, aunque no acudieron al programa de protección del OIJ.
