La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión, el pasado 26 de agosto de 2026, una iniciativa destinada a expedir una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Esta propuesta normativa busca abrogar la legislación anterior para establecer un marco jurídico que ponga un énfasis prioritario en la protección de la biodiversidad, la prevención de la contaminación y la promoción de los derechos humanos ambientales. Asimismo, la iniciativa plantea el impulso de políticas públicas diseñadas específicamente para mitigar los efectos humanos, tanto directos como indirectos, sobre el cambio climático.
La reforma propuesta tiene un impacto directo en la normatividad necesaria para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Para lograrlo, la nueva ley impone obligaciones vinculadas estrechamente con la prevención del daño a la biodiversidad. Uno de los puntos centrales de la propuesta es la implementación de una evaluación ambiental estratégica, la cual funcionará como un instrumento técnico para medir y prevenir los efectos que los megaproyectos puedan generar sobre el equilibrio ecológico y la integridad del patrimonio natural del país.
Diversas organizaciones ambientalistas de la sociedad civil han reconocido esta iniciativa como un avance significativo en el marco normativo mexicano. Según estas organizaciones, la propuesta atiende demandas reiteradas por parte de los ecologistas, destacando que convierte el derecho humano a un medio ambiente sano en un elemento transversal. Esta transversalidad anticipa una mayor asignación de recursos presupuestales para el sector. Además, la iniciativa fortalece el ordenamiento ecológico del territorio, reconoce formalmente a las personas defensoras del medio ambiente, establece sanciones más severas para los infractores y obliga a la gestión integral de riesgos y a la restauración ambiental.
A pesar de la recepción positiva, se ha señalado la existencia de una multiplicidad de visiones sobre el tema que deben ser integradas. Por esta razón, se ha planteado la realización de un parlamento abierto en la Cámara de Diputados para debatir el contenido de la iniciativa, una propuesta que ha contado con el respaldo de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
En el contexto legal, la LGEEPA representa uno de los pilares de la normatividad relacionada con el cambio climático. Aunque México ya cuenta con una legislación específica en la materia desde 2012, la Ley General de Cambio Climático (LGCC), se considera necesaria una mayor vinculación normativa entre ambas. Ambas leyes reglamentan la Constitución en temas de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, y desarrollo sustentable, con el objetivo común de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano y regular la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. En este sentido, tanto las autoridades federales como las locales tienen la obligación de formular y ejecutar acciones de adaptación y mitigación al cambio climático.
Por su parte, la LGCC se centra en la regulación de las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero, alineándose con los compromisos internacionales asumidos por México en el Acuerdo de París. Esta ley también contempla la elaboración de atlas de vulnerabilidad y de riesgos al cambio climático. Estos instrumentos adquieren una relevancia crítica en 2026 debido al fenómeno de El Niño, que según proyecciones meteorológicas, provocará un aumento del contenido calórico en el Pacífico mexicano. Esto incrementa la probabilidad de que ocurran huracanes de categoría mayor entre los meses de septiembre y noviembre, obligando a las autoridades de asentamientos humanos a evitar que la población quede expuesta al riesgo de desastres.
En cuanto a la estructura institucional, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), como organismo público descentralizado, mantiene atribuciones para realizar estudios, brindar apoyo científico y técnico, difundir criterios, evaluar políticas públicas y emitir recomendaciones. Sin embargo, se destaca que el INECC carece de facultades para emitir sanciones a los emisores de gases de efecto invernadero o formular dictámenes vinculatorios.
La LGCC exige la emisión de una política nacional de cambio climático que integre estrategias de adaptación y mitigación con efectos transversales en todas las entidades públicas federales. Esta política busca coordinarse con autoridades subnacionales para promover una transición energética hacia fuentes con menores emisiones, además de crear incentivos financieros y fiscales que fomenten la participación en programas de reducción de emisiones.
Finalmente, aunque el Sistema Nacional de Cambio Climático favorece la coordinación mediante una comisión intersecretarial, consejos de expertos y la participación de municipios y estados, el cambio climático ha sido tratado como una materia marginal dentro de la legislación de equilibrio ecológico. Actualmente, la mayoría de las acciones son de carácter cognoscitivo o inductivo, como la realización de análisis y estudios. Por ello, el parlamento abierto representa una oportunidad clave para colocar el cambio climático en el primer plano de la nueva LGEEPA.
