La Libertad Avanza (LLA) y diversos bloques aliados en el Senado de la Nación han alcanzado un consenso fundamental mediante la firma de un dictamen sobre el régimen de biocombustibles. Esta iniciativa legislativa busca modificar la estructura actual de mezclas obligatorias de biodiésel y bioetanol, orientando el sector hacia un modelo de mayor competencia y una participación privada más amplia que la establecida en la normativa vigente.
Uno de los ejes centrales del despacho consensuado entre el oficialismo y las bancadas dialoguistas es la modificación de los porcentajes de mezcla. Según lo establecido en el documento, se propone elevar el corte del bioetanol, pasando del 12% al 15% en el plazo de un año. De manera similar, el dictamen plantea un incremento en el caso del biodiésel, el cual subiría del 7,5% al 10%. Estas medidas buscan no solo ajustar la composición de los combustibles, sino también dinamizar el mercado interno.
Para evitar que el crecimiento del sector derive en concentraciones económicas perjudiciales, el texto incorpora una cláusula restrictiva sobre los cupos de producción. El dictamen dispone límites estrictos para evitar la conformación de monopolios, estableciendo que ninguna empresa podrá concentrar más del 20 por ciento del volumen correspondiente al mercado. Esta medida es vista como un mecanismo de control para garantizar que la apertura al sector privado no favorezca únicamente a los actores más grandes.
Asimismo, el proyecto contempla una medida de transición para las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector. El dictamen prolonga hasta el año 2036 el plazo para que estas unidades productivas puedan llevar a cabo su proceso de reconversión, brindándoles un margen temporal extendido para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y a la nueva estructura competitiva propuesta.
Desde una perspectiva política, el avance de esta iniciativa es interpretado como una señal clara hacia los gobiernos de Tucumán, Salta y Jujuy. El bioetanol, producido a partir de la mezcla de naftas con aceite de caña de azúcar y maíz, tiene sus centros de producción principales en estas provincias del norte argentino. Por otro lado, el biodiésel, que se obtiene de la mezcla de naftas y aceite de soja, tiene su núcleo productivo concentrado mayormente en la provincia de Santa Fe. Al elevar los cortes, se beneficia indirectamente la actividad económica de estas regiones.
Sin embargo, la propuesta no ha sido recibida con unanimidad. El sector de las pymes productoras de biodiésel ha manifestado su rechazo al texto del dictamen. Estas empresas pretenden que se mantenga el porcentaje de mercado en el 7,5% y solicitan que la ley ya establezca un cronograma de reducción gradual de dicho porcentaje hasta alcanzar su eliminación total para el año 2036.
En cuanto al respaldo político, el dictamen de mayoría se basó en el proyecto presentado por Patricia Bullrich, jefa de La Libertad Avanza en la Cámara Alta. La iniciativa contó con el apoyo de los legisladores libertarios y de figuras clave de bloques aliados, entre ellos Flavia Royon, el radical Flavio Fama y Beatriz Ávila, representante de Independencia. También sumaron su firma Alejandra Vigo y Carlos Espínola, provenientes de Provincias Unidas, y Carolina Moises de Convicción Federal, aunque esta última legisladora cordobesa registró su apoyo con una disidencia parcial.
En contraposición, el senador peronista Fernando Salino adelantó que presentará un dictamen de minoría. Salino argumentó que el texto aprobado por la mayoría no atiende adecuadamente los reclamos y las necesidades expresadas por las pymes de biodiésel, quienes se sienten desprotegidas ante la nueva configuración del mercado propuesta por el oficialismo y sus aliados.
