Durante una reciente visita oficial a la región nor-selvática de San Martín, el Ejecutivo manifestó la necesidad imperativa de obtener facultades legislativas, fundamentando que estas herramientas son indispensables para implementar una estrategia efectiva en el enfrentamiento contra la criminalidad organizada que afecta al país. Según se detalló durante la jornada, el objetivo primordial de estas facultades sería dotar al Estado de los mecanismos legales necesarios para clasificar a las organizaciones criminales bajo la categoría de grupos hostiles o grupos terroristas, permitiendo así un abordaje más severo y especializado.
En el marco de esta solicitud, el Gobierno subrayó la urgencia de fortalecer el servicio de inteligencia nacional, el cual, según se señaló, ha carecido de capacidad operativa eficiente durante varios años. El plan contempla que, mediante estas facultades, se optimice la recolección y análisis de información para anticipar las acciones de las redes delictivas. Asimismo, se busca establecer un marco legal que permita a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional actuar de manera conjunta y coordinada, incrementando el control operativo, especialmente en el sistema penitenciario para mitigar la influencia de las bandas organizadas dentro de las cárceles.
Otro de los ejes centrales de la propuesta gubernamental es la implementación de una política de rápida expulsión para aquellos migrantes que se encuentren en situación indocumentada, medida que se integra dentro del paquete de seguridad ciudadana propuesto por el Ejecutivo.
No obstante, la solicitud de facultades legislativas ha generado un intenso debate en el Parlamento. Mientras el Gobierno plantea una aprobación global de todo el paquete de medidas, diversas bancadas legislativas han manifestado una inclinación creciente a fragmentar la propuesta. Los legisladores sugieren priorizar los temas urgentes, específicamente la lucha contra la inseguridad y las medidas de mitigación frente al Fenómeno El Niño, dejando de lado aquellos puntos que consideran no urgentes o que resultan altamente polémicos.
Entre las medidas más controvertidas se encuentra el proyecto orientado a eliminar los límites de los intereses bancarios. Esta propuesta ha generado preocupación entre los sectores que defienden a los deudores, quienes advierten que la medida afectaría directamente sus finanzas. Por otro lado, los defensores de esta eliminación de límites argumentan que, aunque esto pueda derivar en intereses más elevados y en una posible proliferación del agio delincuencial, resultaría más conveniente a largo plazo para facilitar el acceso al crédito a los sectores de más bajos ingresos.
La tensión no se limita al ámbito financiero, ya que el sector laboral también ha expresado su rechazo. Centrales sindicales han denunciado que las facultades solicitadas incluyen nuevos recortes de derechos laborales, advirtiendo firmemente que no permitirán la aplicación de dichas medidas, lo que añade una capa de conflicto social a la negociación política.
En el plano parlamentario, la bancada progresista del partido Juntos por el Perú, junto con diversos sectores centristas, han acusado al Ejecutivo de ejercer presiones para lograr la aprobación total del paquete. Según estas fuerzas políticas, el Gobierno utiliza el argumento del combate a la criminalidad como una herramienta para blindar y hacer pasar medidas que no tienen relación con la seguridad, pero que son de interés para la administración.
Finalmente, la viabilidad de estas facultades pende de un hilo político. Versiones periodísticas indican que la unidad de la oposición parlamentaria, conformada por centristas y progresistas, podría estar quebrándose. Esta coalición es fundamental, ya que juntos ostentan la mayoría en la Cámara de Diputados. La aprobación en dicha instancia es un paso indispensable para que el proyecto avance hacia el Senado; de lo contrario, el bloqueo en la Cámara impediría que las facultades lleguen a la instancia senatorial, donde se prevé que serían rechazadas.
