La Legislatura de Río Negro sancionó este jueves la ley que establece la creación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSeC). Este nuevo organismo tiene como objetivo principal unificar y fortalecer el marco regulatorio, la fiscalización y la determinación de tarifas para los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales en todo el territorio de la provincia.
El ERSeC operará bajo la órbita del Poder Ejecutivo, contando con autarquía técnica, funcional y presupuestaria. En términos institucionales, el ente asumirá las competencias y la continuidad del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), el cual quedará disuelto. Asimismo, integrará el control de los servicios de saneamiento que, hasta el momento, era ejercido de manera transitoria por el Departamento Provincial de Aguas (DPA).
Durante el debate legislativo, el legislador Lucas Pica, perteneciente a Juntos Somos Río Negro, destacó que esta iniciativa tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos. Según Pica, la ley establece una arquitectura clara en la distribución de roles para la gestión de servicios esenciales y crea la base de un ente multisectorial que podría incorporar otras prestaciones en el futuro. El parlamentario subrayó que con esta medida la provincia salda una deuda de 28 años, ya que la ley de 1997 había asignado el control del agua y las cloacas al DPA de forma provisoria. El objetivo actual es garantizar una división transparente de funciones, evitando que el mismo organismo estatal diseñe, ejecute y controle el servicio.
En cuanto a los aspectos económicos, los fundamentos de la norma enfatizan la tutela de los derechos de los usuarios y la búsqueda de eficiencia y calidad en la prestación, asegurando tarifas razonables y asequibles. Pica aclaró que la propuesta no altera los contratos de concesión ni los marcos regulatorios sustantivos, y que no representa un incremento en el gasto público provincial. El financiamiento del ERSeC se realizará, al igual que ocurría con el EPRE, mediante la tasa de inspección y control que las empresas prestadoras abonan en proporción a sus ingresos.
La administración del organismo estará a cargo de un Directorio compuesto por tres miembros: Presidencia, Vicepresidencia y Vocalía. Estos serán designados por el Poder Ejecutivo entre profesionales con antecedentes probados en el sector, con mandatos de cuatro años y un régimen de incompatibilidad con empresas vinculadas a los servicios regulados. Tras la promulgación, el Ejecutivo tendrá noventa días para reglamentar la ley y otros noventa días adicionales para la puesta en marcha efectiva del Ente.
Sin embargo, la sanción no estuvo exenta de críticas. El legislador Luciano Sempé, de Vamos con Todos, aunque apoyó la unificación de controles, cuestionó la eficiencia de los mecanismos virtuales de reclamo, solicitando que el ERSeC cuente con sedes presenciales en cada municipio y comisión de fomento. Sempé también sugirió la necesidad de incluir representantes de los usuarios en el Directorio para evitar que la conducción dependa exclusivamente del Poder Ejecutivo.
Por su parte, Fernando Furgoni (CC ARI – Cambiemos) respaldó la sustitución del esquema actual debido a la ineficiencia del EPRE ante los reclamos vecinales. Furgoni exigió que el nuevo organismo aplique sanciones estrictas a concesionarias como EdERSA, mencionando específicamente los cortes de energía en la Costa Atlántica, en localidades como Las Grutas, San Antonio Oeste y Sierra Grande. También manifestó dudas sobre si la atención virtual será suficiente para sectores con dificultades de acceso tecnológico.
Desde el espacio Cambia Río Negro, el legislador Daniel Sanguinetti rechazó el proyecto calificándolo como una “ley exprés” que careció de consultas necesarias. Mencionó que prestadores como la Cooperativa Eléctrica de Bariloche (CEB) se enteraron del proyecto por los medios. Sanguinetti también expresó preocupación por el impacto de la tasa de inspección en las juntas vecinales de Bariloche que autogestionan el agua en los barrios del oeste.
En la misma línea, la legisladora Magdalena Odarda denunció la falta de participación de cámaras de comercio y productores frutícolas, y advirtió que el proyecto debilita al DPA. Odarda criticó la ausencia de un defensor del usuario en el Directorio y señaló los incumplimientos de la distribuidora eléctrica y de la prestadora de gas Camuzzi respecto a la legislación provincial de protección al usuario.
Finalmente, Juan Murillo (PRO – Unión Republicana) apoyó la unificación por razones de economía de escala y capacidad técnica, aunque criticó la celeridad del tratamiento legislativo. Murillo propuso que los directores requieran acuerdo de la Legislatura y que sus mandatos tengan un límite de una sola reelección para asegurar la transparencia.
Ante estas críticas, Facundo López (Juntos Somos Río Negro) defendió la gobernanza del ERSeC, argumentando que la designación directa por parte del Gobernador garantiza eficiencia y neutralidad, posicionando al Estado como un árbitro imparcial entre las empresas y los usuarios. López defendió la modernización tecnológica y recordó que el Estado ya ha aplicado multas por cerca de 10.000 millones de pesos a empresas incumplidoras para defender los derechos de los rionegrinos.
