El sistema judicial colombiano se encuentra en estado de alerta tras la advertencia emitida por el magistrado José Joaquín Urbano Martínez, integrante de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El funcionario puso en conocimiento de la Presidencia de dicha corporación una serie de eventos recientes que, a su juicio, podrían representar un riesgo inminente para los servidores judiciales que participaron en el proceso legal contra el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido popularmente como ‘Kiko’ Gómez.
La alarma se formalizó este miércoles 2 de septiembre a través de un oficio dirigido al presidente de la Sala Penal, Carlos Roberto Solórzano Garavito. En este documento, el magistrado Urbano Martínez solicitó de manera expresa que se fortalezcan y refuercen las medidas de protección destinadas a los integrantes de la Sala de Casación Penal, extendiendo esta solicitud de seguridad también a sus respectivos núcleos familiares.
El origen de esta preocupación radica en el proceso judicial seguido contra Gómez Cerchar, el cual está vinculado con el delito de concierto para delinquir y tres casos de homicidios agravados. Inicialmente, el Tribunal Superior de Bogotá había emitido un fallo en el que declaró prescrita la acción penal respecto a dos de los homicidios, absolvió al procesado por el tercer caso y lo condenó únicamente por el delito de concierto para delinquir.
Sin embargo, el panorama jurídico cambió el pasado 29 de abril, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación interpuesto contra la decisión del Tribunal Superior. La alta corporación modificó el fallo, revocando la absolución por uno de los homicidios agravados y dictando una sentencia condenatoria contra Juan Francisco Gómez Cerchar de 31 años y 8 meses de prisión. Según indicó el magistrado Urbano Martínez, esta sentencia permanece vigente, aunque reconoció que existe la posibilidad de que sea objeto de una acción de tutela en el futuro.
La inquietud de los funcionarios judiciales se intensificó la semana pasada, luego de la difusión de un mensaje en diversas plataformas virtuales relacionado con la situación de Gómez Cerchar. De acuerdo con el contenido del documento circulado, se afirma que un "poderoso asesino guajiro", quien actualmente se encuentra preso y cuenta con varias condenas en última instancia, habría solicitado a los miembros de su familia que renunciaran a sus cargos públicos y se radicaran en Italia, país donde posee la nacionalidad. El mensaje detalla que este individuo habría ordenado ya los asesinatos de tres personas y que su intención es evitar que sus parientes cercanos se vean alcanzados por la justicia colombiana una vez que dichos crímenes se lleven a cabo.
A raíz de estas circunstancias, la Procuradora Judicial II, Gloria Guzmán Duque, quien había presentado una de las demandas de casación relacionadas con el caso, acudió el pasado 26 de agosto al despacho del magistrado Urbano Martínez. Durante este encuentro, la funcionaria manifestó su profunda preocupación por su propia seguridad personal y la de los demás funcionarios judiciales que intervinieron en el proceso.
La gravedad de la situación se vio subrayada por los hechos reportados en la sede de la Procuraduría General de la Nación. El martes 1 de septiembre, el procurador Primero Delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, informó al magistrado sobre daños materiales encontrados en su oficina, ubicada en el piso 26 de la entidad. Bonilla Bolaños reveló que la semana anterior había aparecido una bala en su despacho. Además, al regresar a su oficina durante la semana en curso, encontró dos ventanas rotas y evidencias claras de haber sido blanco de dos disparos de fusil.
Ante este escenario de amenazas y ataques materiales, el magistrado José Joaquín Urbano Martínez reiteró la urgencia de proteger a quienes tomaron la decisión judicial contra el exgobernador. En su misiva final, señaló explícitamente que existe la posibilidad real de que los Magistrados de la Sala de Casación Penal estén en riesgo como consecuencia directa de la condena impuesta al señor Gómez Cerchar.
