Los intentos del gobierno de Donald Trump por imponer cambios en el manejo de las boletas electorales se encuentran con un obstáculo que podría ser más determinante que las batallas legales: la imposibilidad práctica de su implementación. Funcionarios electorales y expertos en voto por correo han advertido que, independientemente de los recursos financieros disponibles, el tiempo restante antes de las elecciones hace que las normas propuestas por el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) sean inviables.
A través de documentos judiciales y entrevistas, los responsables de la gestión electoral han dejado claro que no existe una ruta operativa para cumplir con los planes de la agencia postal. Aunque el gobierno ha calificado estas normativas como un cambio “modesto”, el riesgo real es crítico: si los estados o las autoridades locales no logran satisfacer los nuevos requisitos, el USPS podría negarse a entregar las boletas, lo que derivaría en una privación masiva del derecho al voto.
Uno de los puntos más conflictivos es la exigencia de que tanto el sobre de envío como el de devolución incluyan un código de barras único para el seguimiento automatizado de cada votante. Si bien algunas jurisdicciones ya cuentan con estos códigos en los sobres de envío, son poco comunes en los de devolución. En zonas rurales, como ocurre en más de una docena de condados de Pensilvania, ambos sobres carecen de dicha tecnología.
El costo económico de este ajuste es considerable. En el estado de Washington, el director de elecciones, Stuart Holmes, señaló en documentos judiciales que reemplazar más de un millón de sobres costaría casi 2 millones de dólares. Sin embargo, el dinero no es el único problema; Holmes informó que los tres principales proveedores de boletas del estado no pudieron confirmar que fueran capaces de reimprimirlas a tiempo. Esta situación se agrava con la escasez de papel posterior a la pandemia, un factor resaltado por Dena Dawson, directora de elecciones de Oregón, quien advirtió que los proveedores podrían no conseguir el material necesario.
Además del problema físico de los sobres, existe un cuello de botella administrativo. Para que los nuevos diseños sean válidos, deben ser aprobados por los analistas de diseño de bultos postales (MDA) del USPS. Actualmente, la agencia cuenta con apenas 40 analistas para supervisar miles de diseños diferentes, ya que cada localidad puede tener sus propias variaciones. En Michigan, por ejemplo, existen al menos 1.521 tipos de sobres distintos. La Secretaria de Estado de Vermont, Sarah Copeland Hanzas, relató que un proceso rutinario de aprobación de 494 estilos de boletas tardó tres meses, lo que hace que la promesa del USPS de aprobar diseños en dos días resulte poco creíble para los funcionarios.
Otro pilar del plan de la administración es la creación de un portal federal donde las oficinas electorales deben cargar y actualizar continuamente las listas de votantes. Este sistema ha generado profunda incertidumbre. Un informante anónimo del USPS reveló que la agencia solo destinó unos pocos días para probar este sistema improvisado. El riesgo técnico es elevado: el informe alega que el USPS podría rechazar lotes enteros de papeletas si un solo sobre del lote no coincide con la información del portal, afectando potencialmente a decenas de miles de personas.
La complejidad técnica se extiende al formato de los datos. Expertos señalan que el uso de Excel, sugerido por la normativa, podría eliminar ceros iniciales en los números, provocando errores críticos. En Colorado, la oficina del secretario de estado estima que la carga manual de datos en el portal añadiría decenas de miles de horas de trabajo al personal. Por su parte, Adrian Fontes, secretario de estado de Arizona, expresó su preocupación sobre si el portal soportaría la carga masiva de datos del condado de Maricopa, que cuenta con más de 2,5 millones de votantes.
Desde la Casa Blanca, la portavoz Lauren Bis desestimó estas preocupaciones, afirmando que los funcionarios deberían haber estado preparados ya que la propuesta se presentó hace meses. Bis atribuyó la confusión a los litigios de los “demócratas radicales” para detener medidas que, según el gobierno, protegen la seguridad del voto.
Mientras tanto, el secretario de estado de Nevada, Cisco Aguilar, manifestó sentirse "muy preocupado" por las revelaciones de los informantes, aunque aseguró que no permitirá que la administración dicte la conducción de las elecciones. Actualmente, los mandatos están suspendidos por una resolución provisional de un tribunal federal, pero la incertidumbre persiste mientras el caso avanza hacia una posible revisión final por parte de la Corte Suprema.
