Una reciente reunión celebrada a puerta cerrada en el restaurante Magazzino, ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México, ha puesto bajo la lupa la relación entre el sector empresarial y el entorno cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. El encuentro, descrito como un cónclave en un establecimiento blindado exclusivamente para los asistentes, contó con la presencia de Andy López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena, y Mauricio Garduño González Elizondo, un empresario con una trayectoria marcada por la obtención de lucrativos contratos públicos.
Mauricio Garduño González Elizondo no solo es identificado como un amigo cercano de Andy López Beltrán y socio minoritario de JDBL y Compañía, S.A. de C.V., sino que es el fundador de un diversificado conglomerado de empresas. Entre sus propiedades destacan el Grupo Comercial Nasa, dedicado a la importación, exportación y distribución de alimentos, medicamentos y ropa; así como Grupo Gamao, S.A. de C.V., Fast Multimarca, S.A. de C.V. y Bil Satelite Nasa, firmas enfocadas en el comercio de vehículos. Asimismo, Garduño es el impulsor de Grupo Nade y Sixsigma Networks, compañías especializadas en el sector de las telecomunicaciones.
Es precisamente Sixsigma Networks la entidad que ha consolidado un vínculo profundo con la administración pública federal a lo largo de casi dos décadas. Desde el año 2006, la empresa ha acumulado un historial de 198 contratos con el gobierno federal, cuyos montos totales superan los 33 mil millones de pesos. Aunque no se han revelado ilegalidades formales en estas transacciones, el análisis de los datos revela que una cantidad considerable de estos contratos fueron otorgados mediante el mecanismo de adjudicación directa.
Uno de los casos más emblemáticos en la trayectoria de Sixsigma Networks es el denominado Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA), un contrato histórico firmado en 2016 con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esta licitación, ejecutada en consorcio con la empresa IBM para la modernización de las aduanas nacionales, superó inicialmente los 9 mil 900 millones de pesos. La operación fue objeto de fuertes cuestionamientos en la Cámara de Diputados, donde la legisladora Irma Rebeca López López, integrante del grupo parlamentario de Morena —que en aquel momento fungía como oposición—, solicitó la cancelación del contrato alegando irregularidades y pidió a la Auditoría Superior de la Federación iniciar una investigación. Tras una disputa legal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenó reponer el fallo, y el contrato entró en vigencia en mayo de 2018 con un monto final de 8 mil 540 millones de pesos.
La capacidad de Sixsigma Networks para obtener contratos ha sido constante a través de distintas administraciones políticas. Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la empresa obtuvo 60 contratos, principalmente para servicios de infraestructura de datos. Entre los más destacados se encuentran un acuerdo con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos por 540 millones de pesos en 2007, uno con Financiera Rural en 2008 por 1 mil 696 millones de pesos, y otro con el ISSSTE en 2010 por 529 millones de pesos.
En la gestión de Enrique Peña Nieto, la tendencia continuó con la entrega de 81 contratos. En este periodo resaltaron las adjudicaciones directas: una otorgada por el IMSS en 2013 por 700 millones de pesos, otra por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ese mismo año por 344 millones, y un contrato con Bansefi para la creación de un centro de datos que generó ganancias por 106 millones 413 mil 773 dólares (equivalentes a 1 mil 810 millones de pesos).
La relación con el erario se mantuvo vigente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde Sixsigma Networks obtuvo 49 contratos, de los cuales cerca del 40% fueron adjudicaciones directas. Destacan el contrato de 2018 con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros por 98 millones de pesos, un servicio de infraestructura de datos para el ISSSTE por 301 millones de pesos, y una adjudicación directa para el "Servicio integral de centro de datos" del Banco del Bienestar en 2022, con un costo de 1 mil 739 millones de pesos.
Finalmente, en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, la empresa ya ha sumado ocho contratos. El más relevante ha sido el obtenido en 2025 con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para la administración del centro de datos, con un monto que supera los 542 millones de pesos.
Este contexto de éxito empresarial y acceso a licitaciones masivas ha intensificado el debate público sobre la reunión en la colonia Condesa. La naturaleza de las conexiones entre un empresario con un historial de contratos multimillonarios y el hijo del expresidente ha generado alertas sobre el posible "modus operandi" para el tráfico de contratos, según han advertido legisladores de oposición.
