El sector turístico internacional en Cuba ha sufrido una caída drástica durante el año 2026. Según los datos publicados este martes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el flujo de visitantes extranjeros se desplomó un 62% entre enero y julio, registrando una cifra de 419.863 turistas. Este resultado contrasta severamente con los aproximadamente 1,13 millones de visitantes que llegaron a la isla en el mismo periodo de 2025, marcando un descenso que se describe como sin precedentes en más de dos décadas, si se excluyen los años afectados por la pandemia.
El deterioro de la actividad turística se intensificó notablemente durante el segundo trimestre del año. En junio, la isla alcanzó su punto más crítico con la llegada de solo 28.100 turistas, la cifra mensual más baja registrada en años. Aunque en julio se observó un ligero repunte con 32.272 visitantes, la tendencia general sigue siendo descendente. El impacto es especialmente visible en los mercados emisores tradicionales: Canadá, históricamente el principal emisor de turistas hacia Cuba, aportó apenas 127.645 visitantes en los primeros siete meses, lo que representa una disminución de casi 351.000 personas respecto al año anterior. Asimismo, los mercados de Estados Unidos y Rusia también reportaron caídas superiores al 50%.
El origen de este colapso se vincula directamente con la intensificación de la ofensiva sancionadora de Washington, desencadenada tras la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero de 2026. Tres semanas después de este evento, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva 14380, mediante la cual declaró una emergencia nacional respecto a Cuba e impuso aranceles a cualquier país o empresa que realice comercio de petróleo con la isla. Esta medida estableció un bloqueo petrolero de facto que redujo drásticamente los envíos energéticos provenientes de Venezuela y ejerció presión sobre México para que frenara sus exportaciones. Como consecuencia directa, se produjo una escasez de combustible de aviación que obligó a diversas aerolíneas a modificar sus rutas o cancelar sus vuelos hacia Cuba.
Paralelamente, la Casa Blanca centró su presión en la infraestructura hotelera. El Departamento del Tesoro amenazó con aplicar sanciones secundarias a empresas extranjeras que mantuvieran vínculos comerciales con Gaesa, el conglomerado militar que controla gran parte de la industria hotelera cubana, fijando el 5 de junio como fecha límite para romper dichos lazos. Esta amenaza provocó una salida masiva de operadores internacionales. Blue Diamond Resorts abandonó la gestión de 62 hoteles el 30 de mayo, mientras que Iberostar cesó la administración de 12 de sus 18 establecimientos el 1 de junio. Por su parte, Meliá anunció el fin de su actividad en 15 hoteles vinculados a Gaesa, aunque mantuvo la operación de otros 19 cuyos propietarios dependen del Ministerio de Turismo. La cadena canadiense Royalton también limitó sus operaciones durante esa misma semana.
El golpe se extendió al ámbito financiero el 6 de junio, cuando el Banco Central de Cuba informó que las tarjetas Visa y Mastercard emitidas fuera de la isla dejaron de procesarse. Esta interrupción ocurrió después de que el banco extranjero responsable de gestionar dichas transacciones cortara su relación con la entidad cubana Fincimex debido a las sanciones estadounidenses, privando al país de una herramienta esencial para la captación de divisas.
En julio, el Gobierno cubano admitió que siete cadenas hoteleras internacionales, que gestionaban el 46% de las más de 80.000 habitaciones del país, habían dejado de operar. La ocupación hotelera cayó al 12,9% en el primer trimestre de 2026, frente al 23,7% registrado el año anterior. Para finales de agosto, el 73% de los hoteles permanecían cerrados y unos 25.000 trabajadores del sector se encontraban en situación de disponibilidad laboral.
Cabe destacar que el turismo ya presentaba una crisis estructural previa; en 2025, la isla recibió 1,8 millones de turistas, la cifra más baja desde 2002, sin contar la pandemia, y muy distante del pico de 4,7 millones alcanzado en 2018. Ante este escenario, la administración de Miguel Díaz-Canel ha autorizado recientemente que empresarios privados administren hoteles y presten servicios de guías y transporte, estableciendo una tasa del 1% para sostener la operación del sector. La supervivencia de la industria dependerá de si estas concesiones logran compensar la fuga de inversión extranjera, mientras persiste el bloqueo petrolero y la presión de Washington sobre Gaesa.
