Una serie de insumos sanitarios, valuados en cientos de millones de pesos, que fueron abandonados en un predio utilizado como centro de vacunación durante la pandemia en Pilar, habrían sido finalmente eliminados a través del circuito local de disposición de residuos hospitalarios. Esta información, revelada según fuentes judiciales, surge en medio de una fuerte polémica donde la intendencia municipal afirma desconocer el destino final que la Justicia haya dado a dichos elementos.
El predio, ubicado en el kilómetro 46 del Acceso Norte (ramal Pilar), junto a las vías del ferrocarril, fue el escenario donde la gobernación de Buenos Aires celebró en mayo de 2021 la aplicación de la dosis número 3 millones de vacunas contra el Covid-19. En aquel entonces, la logística de compra y distribución dependía del Ministerio de Salud de la Nación, mientras que los ministerios provinciales asignaban las dosis a los municipios. La provisión de equipos e insumos era responsabilidad tanto de la Nación como de la provincia, ya fuera mediante compras directas o donaciones.
En el lugar quedaron abandonadas cajas con jeringas sin uso, mascarillas, batas desechables estériles, suero fisiológico, alcohol en gel, una heladera y un tubo de oxígeno hospitalario. El origen del conflicto radica en la propiedad del terreno. En 2017, una investigación por lavado de dinero contra los dueños de la firma Pilar Bicentenario dejó el predio en manos del Estado nacional, que luego lo cedió a la municipalidad en 2020. Sin embargo, el año pasado, un juzgado federal ordenó restituir el inmueble a su dueño original, quien posteriormente fue sobreseído, aunque el Ministerio Público Fiscal apeló dicha medida.
Ante la difusión del desperdicio de estos insumos, Nicolás Kreplak, en representación de la municipalidad, argumentó que el 13 de marzo de 2025 la Justicia desalojó el predio de manera "intempestiva", impidiendo que el municipio retirara los elementos de trabajo, las vacunas y los insumos necesarios para el funcionamiento del vacunatorio. Según Kreplak, el lugar estuvo custodiado para cumplir la orden judicial de restitución, lo que imposibilitó el retiro de los bienes.
No obstante, el escrito del juzgado federal indica que el año pasado ya se había autorizado a la Municipalidad de Pilar a retirar los bienes que acreditara como propios, bajo supervisión de las fuerzas de seguridad, para no afectar los derechos de la empresa propietaria.
Esta contradicción llevó al exconcejal Matías Yofe (Coalición Cívica-ARI) a presentar una denuncia penal ante el Departamento Judicial de San Isidro. Yofe solicitó investigar la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negligencia en el resguardo de bienes y documentación sensible. La denuncia fue tomada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 1, a cargo del fiscal Raúl Casal.
Tras un allanamiento realizado por las policías científica y ecológica de la provincia de Buenos Aires, se determinó que los insumos sanitarios ya no eran utilizables y debían ser tratados como residuos patogénicos. Con autorización judicial, los elementos fueron trasladados a uno de los hospitales principales de Pilar para su disposición final. A pesar de esto, la gestión del intendente Federico Achával afirmó inicialmente desconocer el destino de esos residuos, y no hubo respuesta sobre si la Secretaría de Salud, liderada por Hernán Galimberti, estaba al tanto de que la empresa recolectora de residuos patogénicos ya había realizado el trabajo al día siguiente del operativo.
La investigación también ha revelado una discrepancia en el volumen de lo retirado. Mientras que fuentes judiciales señalan que los insumos sanitarios cabían en la caja de una camioneta policial, se había trascendido que el total de lo hallado, incluyendo documentación, requirió el traslado de unas 300 bolsas tipo consorcio.
Además del material médico, en el predio funcionaba una oficina de licencias de conducir, donde se encontró información personal de ciudadanos en un contenedor que había sido vandalizado. La concejal Analía Leguizamón (PRO) elevó un pedido de informes, advirtiendo que la exposición de DNI, direcciones y fotografías representa un riesgo enorme de falsificación de identidades y una infracción a la ley de protección de datos personales.
Por su parte, la legisladora Graciela Ocaña exigió un inventario exhaustivo de los bienes incautados y solicitó que el Gobierno Nacional se sume al expediente para deslindar responsabilidades. Ocaña calificó la situación como un claro incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y una defraudación a la administración pública, subrayando el riesgo sanitario que implicó el abandono de materiales que podrían haber sido sustraídos por terceros.
