La discusión sobre la reforma al subsector eléctrico en Honduras ha dejado de ser un asunto estrictamente legislativo para convertirse en un tema central de las relaciones diplomáticas y la atracción de inversión extranjera. En el Congreso Nacional de Tegucigalpa, el debate sobre el dictamen energético ha trascendido las fronteras del Poder Legislativo, situándose ahora en el terreno de las negociaciones con representantes internacionales.
En el marco de las intensas gestiones para llevar el dictamen a su debate final, se han reportado acercamientos directos entre miembros de la cámara legislativa y representantes diplomáticos. Estos encuentros tienen como objetivo principal analizar el alcance y las implicaciones de la normativa energética que se pretende implementar en el país. Estas conversaciones se desarrollan en un momento crítico para el sector energético hondureño, el cual requiere de inversiones millonarias para solventar las recurrentes fallas en los sistemas de transmisión y distribución que afectan la estabilidad del servicio eléctrico a nivel nacional.
En este escenario, delegados diplomáticos de los Estados Unidos han manifestado un interés significativo en el desarrollo del marco regulatorio. El objetivo de la nación norteamericana es obtener garantías sólidas de seguridad jurídica que permitan el fomento del capital privado en el sector. Al respecto, la diputada liberal Alia Kafati confirmó que ha mantenido comunicaciones con la Embajada de Estados Unidos, describiendo los encuentros como pláticas amenas en las que fue invitada a exponer su punto de vista sobre la situación energética.
La congresista enfatizó la importancia de atraer capital extranjero, señalando que la inversión es una necesidad apremiante para el país. "Realmente Estados Unidos está muy interesado en invertir en Honduras y bienvenido, esa inversión la necesitamos", afirmó Kafati, quien destacó que los delegados estadounidenses han buscado conocer su perspectiva personal y técnica sobre la reforma.
Sin embargo, el proceso no ha estado exento de tensiones. En los pasillos del Congreso Nacional han surgido especulaciones sobre supuestos intentos de injerencia externa destinados a forzar la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). Ante estos rumores, los intercambios diplomáticos se han centrado en aclarar la postura oficial de Estados Unidos. Según explicó la diputada Kafati, existe un consenso en que la prioridad debe ser la estabilización del sistema eléctrico sin que esto implique el traspaso de la propiedad de los activos públicos a manos privadas. La legisladora fue enfática al asegurar que los representantes estadounidenses han dejado absolutamente claro que no tienen la intención de privatizar la Enee.
Paralelamente, el clima político se ha visto afectado por rumores sobre presiones externas relacionadas con el uso de las visas de ingreso a suelo estadounidense como herramienta de persuasión. Se ha especulado que parlamentarios que se opongan a la iniciativa energética podrían enfrentar la cancelación o el retiro de sus documentos de viaje.
Ante estas versiones, la diputada Alia Kafati mantuvo una postura de tranquilidad y desestimó haber sido víctima de coacciones o intimidaciones durante sus reuniones con los delegados. La congresista defendió que su actuación se basa estrictamente en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legislativas. Respecto a la situación de su documento de viaje, señaló que su visa se encuentra vigente hasta el año 2028 y reconoció que la concesión de este documento es un criterio exclusivo del gobierno de Estados Unidos, reiterando que no ha realizado ninguna acción ilegal que justifique una sanción.
A pesar de la apertura al diálogo y de haber sostenido intercambios técnicos con autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la diputada liberal mantiene una postura firme de votar en contra del decreto. Kafati argumenta que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo presenta vacíos legales significativos que ponen en riesgo el patrimonio del Estado.
La legisladora insistió en que la reforma actual carece de los "candados institucionales" necesarios para evitar que, en un futuro, se produzca un proceso de privatización desordenada. Por esta razón, ha presentado sus observaciones detalladas tanto a la CREE como a los representantes estadounidenses, reiterando que su voto seguirá siendo negativo mientras no se corrijan las lagunas legales que, a su juicio, comprometen la seguridad de la estatal eléctrica.
