La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala ha puesto en marcha una iniciativa legislativa que busca transformar la manera en que se emiten las resoluciones en el sistema judicial penal. A través de la iniciativa de ley 6708, el organismo judicial pretende que los criterios adoptados por la Cámara Penal sirvan como base obligatoria para que los jueces penales de menor jerarquía dicten sus sentencias.
La propuesta fue presentada formalmente por el pleno de la CSJ, haciendo uso de su facultad legal para promover leyes ante el Congreso de la República. El documento ingresó a la Dirección Legislativa el pasado 30 de enero y plantea cinco modificaciones específicas al Código Procesal Penal. El objetivo central es que las sentencias emitidas por la Cámara Penal en fase de casación adquieran la categoría de doctrina legal, obligando así a los juzgadores de niveles inferiores a resolver sus casos bajo los mismos parámetros técnicos y jurídicos.
En cuanto al funcionamiento técnico de la propuesta, la iniciativa 6708 establece que, una vez existan cinco fallos consecutivos emitidos por el Tribunal de Casación de la Cámara Penal sobre un mismo criterio, dichos parámetros pasarán automáticamente a formar parte de la doctrina legal en materia penal. Esta regla busca estandarizar la aplicación de la ley y reducir la discrecionalidad en las sentencias.
El avance legislativo de esta propuesta ha sido acelerado. El 24 de agosto, la iniciativa recibió un dictamen favorable con modificaciones, y ese mismo día la instancia de Jefes de Bloques la programó para su primer debate. Posteriormente, el 25 de agosto, fue anunciada ante el pleno de diputados en sesión plenaria, donde fue tramitada sin generar discusiones profundas ni debates significativos entre los legisladores presentes. Actualmente, el proyecto aguarda a que el Congreso lo programe para su segundo y tercer debate, además de la redacción final, para convertirse en ley. Luis Contreras, presidente del Congreso, ha asegurado que el Organismo Legislativo programará la iniciativa hasta que se transforme en un decreto.
Sin embargo, la propuesta ha generado reacciones divididas entre expertos en derecho penal. Si bien reconocen que la doctrina legal es un mecanismo utilizado en diversas jurisdicciones del mundo y que la discusión es oportuna, existen preocupaciones profundas sobre quiénes impulsan la medida. Marco Antonio Canteo, abogado experto en política criminal, señaló que la iniciativa proviene de una CSJ que genera desconfianza ciudadana debido al manejo de casos relacionados con narcotráfico, corrupción, extorsiones, criminalizaciones y delitos de "cuello blanco".
Canteo también subrayó que el sistema de elección de las altas cortes, mediante comisiones de postulación, frecuentemente no garantiza que lleguen los mejores juristas a los cargos, lo que afecta la calidad de la justicia. A esto se suman cuestionamientos hacia la actual CSJ por haber nombrado magistrados de manera directa en nuevas Salas de Apelaciones, omitiendo el papel constitucional del Congreso. Asimismo, se ha reportado una división marcada entre el bloque mayoritario y el minoritario dentro de la Corte, con denuncias de posibles amenazas hacia los magistrados del bloque minoritario.
En este contexto, la gestión de la magistrada Claudia Paredes, actual presidenta de la CSJ, ha sido señalada por organizaciones de observación debido a su presunta afinidad con grupos políticos del Congreso, específicamente vinculándola con el diputado Allan Rodríguez del partido Vamos.
Por otro lado, Alejandro Rodríguez, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, advirtió que, aunque la doctrina legal tiene fortalezas, la aprobación de esta ley debe ser moderada y sin prisas. Rodríguez recordó que la CSJ no es infalible y que Guatemala cuenta con más de 34 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivadas de decisiones equivocadas de la CSJ. Según el investigador, si un juez se enfrenta a un dilema entre la doctrina legal y la Constitución, debe priorizar siempre la defensa de la Carta Magna y el control de convencionalidad.
Frente a estas críticas, el magistrado Réne Girón, integrante de la CSJ y parte del bloque dominante del Poder Judicial, quien presentó la iniciativa ante los diputados, defendió la propuesta. Girón argumentó que los temores son infundados, ya que el requisito de cinco sentencias consecutivas elimina el riesgo de discrecionalidad. El magistrado sostuvo que no es peligroso que las sentencias del Tribunal de Casación tengan fuerza de doctrina legal y comparó la medida con lo que ya ocurre en la rama civil. Girón enfatizó que confiar en el sistema es necesario y que el criterio judicial debe ser visto como una fuente de derecho.
El futuro de la iniciativa de ley 6708 se definirá en la próxima sesión de jefes de bloque, programada para el lunes, donde se determinará si la Junta Directiva del Congreso propone la reforma al Código Procesal Penal para su segunda lectura.
