El Gobierno Nacional ha puesto en marcha un proceso de transformación del sistema de tránsito en Colombia con el objetivo primordial de proteger la vida de los ciudadanos en las vías y, simultáneamente, mitigar la carga económica que representan las sanciones y trámites viales para los conductores del país. Esta iniciativa surge tras una orden directa del presidente Abelardo De La Espriella, emitida la noche del pasado 29 de agosto de 2026, quien solicitó la construcción de un nuevo Código Nacional de Tránsito.
En respuesta a este mandato, el Ministerio de Transporte, bajo la dirección de la ministra Elsa Noguera, ha iniciado la elaboración del borrador de una nueva reglamentación. Esta propuesta busca atender las problemáticas actuales en materia de seguridad vial, pero desde un enfoque que evite el impacto negativo en la economía de los ciudadanos. Según detalló la ministra Noguera, el propósito central es implementar un código donde las multas sean justas y proporcionales a la capacidad económica de cada conductor, asegurando que las sanciones no se conviertan en una carga insoportable.
Entre los puntos clave que se contemplan en el borrador del Ministerio de Transporte se encuentra la reducción de los cobros vinculados al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones (SIMIT). Además, la entidad planea ofrecer cursos de seguridad vial mucho más económicos para los ciudadanos, ampliar la vigencia de las licencias de conducción y establecer plazos más razonables para la realización de la revisión técnico-mecánica.
La entidad gubernamental ha enfatizado que, si bien la protección de la vida y la seguridad vial seguirán siendo la prioridad absoluta, se garantizará que los trámites y las sanciones no se transformen en negocios que afecten injustamente a las familias colombianas. Esta postura responde a las preocupaciones expresadas por el presidente Abelardo De La Espriella, quien afirmó que la reglamentación vigente ha generado consecuencias económicas severas para la población.
El jefe de Estado fue enfático al señalar que una multa no puede transformarse en una "condena económica" para las familias. De La Espriella resaltó que, debido a la acumulación de sanciones, intereses, costos de patios y grúas, un ciudadano colombiano puede llegar a pagar más de un salario mínimo, corriendo incluso el riesgo de perder el vehículo o la motocicleta con los que genera el sustento diario para su hogar, situación que calificó como un abuso que no será permitido.
A este proyecto se ha sumado el apoyo del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien respaldó la decisión presidencial y manifestó que con esta reforma se pondrá fin a las denominadas "mafias" de las fotomultas, las grúas y los patios. El ministro Lara hizo una referencia específica a la situación de Bogotá, ciudad donde la Secretaría de Movilidad ha informado recientemente sobre la instalación de nuevas cámaras de fotomultas con el argumento de prevenir accidentes y salvar vidas.
Sin embargo, para el ministro del Interior, estos dispositivos no están cumpliendo una función real de mejora en la seguridad vial de los bogotanos, sino que se han convertido en un mecanismo de negocio. Lara aseguró que ha librado esta batalla durante años en la capital y que, gracias a la voluntad del presidente, se logrará ganar. En este sentido, el funcionario ofreció todo el respaldo del Ministerio del Interior a la ministra Elsa Noguera para agilizar el trámite de la reforma al Código de Tránsito.
Por su parte, la ministra Noguera agradeció el apoyo del ministro Lara, subrayando que su respaldo será fundamental para concretar esta reforma. La funcionaria reiteró que el nuevo borrador del Código Nacional de Tránsito permitirá brindar una mayor seguridad a los conductores del país, eliminando los abusos y los sobrecostos, bajo la premisa de que la seguridad vial es necesaria, pero el recaudo abusivo no tiene lugar en la administración actual.
