En la primera reunión de Gabinete presidida por el presidente Javier Milei en los últimos 45 días, el eje central de la discusión fue la creciente problemática del endeudamiento de los argentinos y la mora en los pagos. Según fuentes oficiales, el mandatario manifestó una marcada preocupación por desplazar este tema del centro de la agenda pública, buscando específicamente desvincular la responsabilidad de su administración sobre el fenómeno.
Durante el encuentro, Milei impartió directivas a sus ministros para que actúen como "soldados" en una batalla narrativa. El objetivo es desplegar argumentos que exculpen al Gobierno nacional de una situación que, desde hace más de un mes, se ha posicionado como una de las principales preocupaciones sociales. Esta estrategia de comunicación surge en un contexto donde la percepción de la realidad de la mayoría de los ciudadanos no muestra mejoras concretas, lo que ha llevado a una revisión profunda y a cuestionamientos internos y externos sobre la estrategia comunicacional del Ejecutivo.
La gestión de la comunicación ha enfrentado tropiezos significativos. Tras la renuncia de Manuel Adorni, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, ha protagonizado apariciones que frecuentemente requieren aclaraciones posteriores. Un ejemplo reciente ocurrió el martes pasado, cuando Ravier admitió y luego negó que Santiago Caputo hubiera perdido el control de la comunicación digital frente a Santiago Oría, director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia. Poco después, una gaffe de Oría revelando el uso de bots para atacar opositores pareció confirmar que las áreas de influencia de Caputo han sido recortadas en favor de los protegidos de Karina Milei.
En cuanto al fondo del problema económico, el Presidente ha cerrado la posibilidad de admitir que las políticas de su gestión hayan tenido efectos negativos en la economía individual. Entre los factores omitidos se encuentran las subas abruptas de tasas impulsadas el año pasado, el techo impuesto a la recomposición salarial frente a la inflación y la caída del poder adquisitivo debido al aumento de tarifas por encima de los ingresos. En su lugar, Milei señaló dos causantes principales del endeudamiento impago: las billeteras digitales periféricas y las apuestas online, especialmente entre jóvenes y sectores de menores ingresos.
Esta postura evidencia una disociación con las acciones de su propio Gobierno. En el ámbito financiero, el desregulacionismo absoluto ha facilitado la publicidad engañosa y la aplicación de tasas usurarias por parte de prestamistas no bancarios. En cuanto al juego, el Ejecutivo envió al Senado un proyecto de ley que se enfoca exclusivamente en combatir el juego clandestino, omitiendo regulaciones más estrictas para las apuestas legales online.
La oposición y algunos aliados han reaccionado ante esta situación. Un total de 133 diputados plantearon la necesidad de tratar iniciativas para que el Estado adopte medidas que palíen la situación de los casi seis millones de personas endeudadas en mora, buscando evitar tasas abusivas y publicidad engañosa. Este movimiento legislativo representa una nueva complicación para el Gobierno, luego de haber logrado la aprobación de la nueva carta orgánica del Banco Central y la ley de inocencia fiscal.
El impacto de las apuestas legales es respaldado por datos alarmantes. El estudio “Apostar no es un juego”, realizado por profesionales de universidades públicas como la UBA, Morón, Lomas de Zamora y Hurlingham, reveló que uno de cada cuatro jóvenes entre 15 y 29 años apuesta o lo ha hecho recientemente. El informe indica que el 13% de los apostadores dedica más de cuatro horas diarias a esta actividad y el 28% experimentó ansiedad o estrés por no poder apostar.
Complementariamente, UNICEF lanzó en marzo el documento “Zoom a las apuestas online”, donde 8 de cada 10 jóvenes sondeados reconocieron haber ingresado a sitios de apuestas en el último año, y un 37% lo hace diariamente o muy seguido. Alejandro Artopoulos, director del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés, advirtió que las personas con ludopatía tienen 15 veces más riesgo de suicidio que la población general, coincidiendo con un récord histórico de suicidios en Argentina en 2025 según el Observatorio de Política Criminal.
A pesar de estas evidencias, el proyecto oficialista en el Senado permite la publicidad de las apuestas en línea. Asimismo, busca bloquear una iniciativa previamente aprobada en Diputados —impulsada por la Coalición Cívica y apoyada por el peronismo y la izquierda— que prohibía la promoción del juego online y establecía controles estrictos para menores. Esta iniciativa fue rechazada por la bancada libertaria alegando exceso de regulación, y no contó con el apoyo de Pro ni de sectores de la UCR.
El análisis político sugiere que la resistencia a regular el juego legal responde a vínculos arraigados entre la política y los empresarios del sector. Se menciona la influencia de Daniel Angelici en los espacios del macrismo y el radicalismo, así como la relación entre sectores del peronismo y figuras como Daniel Mautone. En este escenario, el Gobierno continúa centrando su estrategia en la negación de responsabilidades, mientras la expansión de las apuestas en línea y el endeudamiento ciudadano persisten sin soluciones regulatorias profundas.
