El Gobierno de Bolivia, a través del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, ha manifestado la necesidad de ampliar el estado de excepción actualmente vigente en el territorio nacional. Esta postura surge como una respuesta directa a las crecientes amenazas de diversos grupos sociales y sectores que, según la cartera de Presidencia, tienen la intención de interrumpir las garantías democráticas y afectar la vigencia plena del estado de derecho en el país.
Durante una rueda de prensa concedida este miércoles 26 de agosto, el ministro Aramayo fue enfático al señalar que la estabilidad institucional debe prevalecer sobre cualquier intento de desestabilización. “Tiene que ampliarse el estado de excepción, no podemos permitir que se interrumpan las garantías democráticas, que se interrumpa la vigencia plena del estado de derecho”, declaró el funcionario ante los medios de comunicación presentes.
El contexto que impulsa esta consideración es la creciente tensión social derivada de la problemática del combustible. En los últimos días, distintos sectores han lanzado advertencias sobre la ruptura del estado de excepción, amenazando con iniciar movilizaciones masivas contra la gestión gubernamental. El punto central del descontento se encuentra en el Decreto Supremo 5676, mediante el cual se ha establecido un precio de 18 bolivianos por litro de diésel, medida que ha generado fuertes reacciones en diversos sectores productivos y de transporte.
Es fundamental recordar que el estado de excepción fue implementado el pasado 20 de junio y tiene como fecha de conclusión programada el próximo 18 de septiembre. Esta medida extraordinaria fue adoptada originalmente por el Ejecutivo con el objetivo primordial de frenar los bloqueos de caminos que habían afectado la movilidad y el abastecimiento en el país durante un periodo crítico de 53 días.
Fernando Aramayo insistió en que la medida no busca restringir los derechos ciudadanos, sino proteger el sistema democrático frente a acciones coordinadas que pretendan vulnerar la ley. El ministro sostuvo que el estado de excepción mantiene su vigencia plena en este momento y que, ante la persistencia de amenazas que vayan en contra del respeto a dicha normativa, la prórroga se vuelve una opción necesaria. “Si seguimos con estas amenazas, con estas acciones que van en contra de la vigencia del estado de derecho y el respeto a lo que es el estado de excepción, claro que tiene que ampliarse, porque quiere decir que hay grupos que tienen la intención de desestabilizar la democracia”, afirmó el titular de la Presidencia.
Asimismo, Aramayo fue claro al diferenciar la acción gubernamental de la criminalización de la disidencia, asegurando que el respeto a las manifestaciones es parte de la gestión actual. “Aquí no se criminaliza la protesta, aquí se respetan los derechos”, puntualizó el ministro, intentando mitigar las críticas sobre el uso de medidas excepcionales para controlar el clima social.
No obstante, dentro del propio gabinete gubernamental existen matices sobre el momento oportuno para tomar una decisión definitiva sobre la extensión de la medida. El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, ofreció una perspectiva distinta, aunque no contradictoria, al señalar que la medida ha cumplido con los objetivos para los cuales fue diseñada originalmente. Para Paredes, la eficacia de la norma ha sido evidente en la estabilización del orden público.
Respecto a la posibilidad de una ampliación, el viceministro Paredes sugirió que aún es prematuro tomar una determinación, ya que el plazo de vigencia actual todavía cuenta con tiempo suficiente. “Es un tema que se discutirá en su tiempo, todavía nos falta cerca de un mes y un poco más y ahí se va a analizar”, mencionó el funcionario, delegando la decisión a un análisis posterior basado en la coyuntura del momento.
En paralelo a estas declaraciones oficiales, el clima político se ha visto tensionado por pronunciamientos críticos hacia la máxima autoridad del Estado. En este sentido, el ciudadano Beller expresó su malestar y lanzó una advertencia directa al mandatario el 26 de agosto. “Señor Presidente, si realmente no existe nada que ocultar, entonces no debería ser necesario que me hagan llegar a este extremo. Pero son sus propias declaraciones las que me obligan a hacerlo”, manifestó Beller.
La situación actual coloca al Gobierno en una posición de vigilancia ante la posible reactivación de los bloqueos y la presión social derivada del incremento en el costo del diésel. La mirada de la opinión pública se mantiene ahora fija en la fecha del 18 de septiembre, momento en el cual se definirá si el estado de excepción llega a su fin o si se prolonga para contener las amenazas de desestabilización democrática.
