El Directorio Legislativo, bajo la presidencia de la diputada oficialista Yara Jiménez, ha tomado la determinación de suspender temporalmente la recepción de nuevas solicitudes para cambios de puestos, conocidos como reasignaciones de personal. Esta medida no solo afecta a las nuevas peticiones, sino que también paraliza los procesos que ya se encontraban avanzados y aquellos que estaban pendientes de resolución por parte del órgano rector de la Asamblea.
De acuerdo con una resolución emitida el pasado 19 de agosto, a la cual tuvo acceso el medio CR Hoy, el Directorio instruyó formalmente al Departamento de Recursos Humanos del Congreso para que detenga de inmediato todos los trámites de reasignación que estuvieran en curso. Esta orden incluye la suspensión de entrevistas, evaluaciones y cualquier otra actuación administrativa vinculada a estos procesos de movilidad laboral interna.
La implementación de esta medida ocurre en un contexto de alta tensión institucional. La decisión se tomó apenas un día después de que un grupo de funcionarios de la Asamblea Legislativa presentara denuncias anónimas. En dichos testimonios, se señaló que ciertas decisiones emanadas del Directorio han provocado situaciones de acoso y hostigamiento contra aquellos empleados que no forman parte del movimiento Pueblo Soberano (PPSO). Asimismo, los denunciantes indicaron que el Directorio ha omitido el pago de reasignaciones que ya habían sido aprobadas, a pesar de que consideran que se trata de actos administrativos firmes.
En una posterior denuncia anónima, el personal afectado calificó la suspensión de los trámites como una acción ilegal que vulnera los derechos laborales de quienes aguardan la resolución de sus procesos. Según el testimonio recolectado, existen más de diez funcionarios que esperan una respuesta sobre informes de reasignación que ya habían resultado positivos hace varios meses. Otros colaboradores se encuentran en una situación similar, con estudios técnicos aún en trámite.
Los funcionarios manifestaron su preocupación ante lo que consideran una actuación arbitraria, señalando que fueron dejados "en vilo" mediante un acuerdo general que interrumpe procedimientos iniciados legítimamente. Argumentan que existe una reglamentación interna vigente que regula la materia y que la decisión del Directorio atenta contra la seguridad jurídica. Subrayaron que muchos de los afectados ya desempeñan nuevas funciones y han asumido mayores responsabilidades, contando incluso con informes técnicos favorables.
Además de la paralización administrativa, los denunciantes describen un ambiente generalizado de persecución, acoso y temor dentro de la Asamblea Legislativa, situación que aseguran persistir desde mayo de 2026. Los trabajadores sostienen que son víctimas de hostigamiento por razones ideológicas, específicamente por no estar alineados con la corriente de Pueblo Soberano (PPSO). El temor a las represalias es tal que los funcionarios han optado por mantener sus identidades en reserva, expresando en sus comunicaciones que escriben "desde el miedo" por temor a perder sus empleos.
Las quejas se extienden a otros aspectos de la gestión laboral. Los empleados denuncian problemas con el pago de horas extraordinarias, a pesar de que las jornadas laborales se prolongan frecuentemente hasta altas horas de la noche durante las sesiones del Plenario Legislativo. También reportaron cambios en sus jornadas de trabajo realizados sin su consentimiento previo.
Otro punto crítico mencionado es el uso de las auditorías internas. Según los denunciantes, estas herramientas se están utilizando como mecanismos de intimidación y persecución. Afirman que, en lugar de que las deficiencias detectadas se utilicen para procesos de retroalimentación y mejora, la administración inicia inmediatamente procedimientos administrativos. Sumado a esto, señalan que se les solicitan informes con plazos excesivamente reducidos para su elaboración y cumplimiento.
Finalmente, los funcionarios cuestionaron que el Directorio solicite listas de personal e información detallada de los empleados. Aseguran que esta práctica genera inseguridad laboral y temor ante eventuales concursos o movimientos. Según la denuncia, estos listados, solicitados únicamente por el Directorio, terminan siendo publicados en medios de comunicación acompañados de nombres de funcionarios y señalamientos sobre presuntos actos de corrupción.
Ante estas acusaciones, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, negó los señalamientos durante una reunión con los jefes de fracción del bloque democrático. En dicho encuentro, la diputada indicó que llevará a cabo un estudio de "clima institucional" para abordar la preocupación externada. Por su parte, el Directorio Legislativo no ha emitido ningún pronunciamiento oficial respecto a la decisión de suspender las reasignaciones de personal.
