Caso Cuadernos: ex directivo de Techint admitió pagos de hasta un millón de dólares a Roberto Baratta

En el marco del juicio por el caso de los "Cuadernos", donde se investiga una presunta red de sobornos extendida entre los años 2003 y 2015 durante las gestiones del gobierno kirchnerista, un testimonio clave volvió a poner el foco sobre la relación entre el sector empresarial y los funcionarios públicos. Héctor Zabaleta, ex directivo de la empresa Techint, compareció como testigo ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) y ratificó haber realizado entregas de dinero indebidas a Roberto Baratta, quien se desempeñaba como funcionario en el área de Planificación Federal.

Zabaleta, contador público de 80 años que cumplió funciones administrativas en la compañía de la familia Rocca, brindó sus declaraciones bajo juramento ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. El testigo recordó haber sido el responsable de coordinar y ejecutar pagos que, según sus propias palabras, ascendieron a una suma comprendida entre los 900.000 y el millón de dólares.

Durante el interrogatorio conducido por la fiscal Fabiana León, Zabaleta detalló la logística de estas operaciones. Afirmó que las entregas se realizaron en el segundo subsuelo del edificio de la empresa, específicamente en las cocheras del Edificio Catalinas, un lugar elegido deliberadamente porque no contaba con cámaras de seguridad. El testigo relató que, por pedido de Baratta, quien no quería ser visto, los encuentros se producían en la intimidad de un vehículo, frecuentemente un Toyota Corolla, mientras que el chofer del funcionario permanecía alejado.

Un punto central de la declaración fue la corroboración de las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, el ex chofer de Baratta y pieza fundamental de la investigación. Zabaleta aseguró que las fechas consignadas en los cuadernos de Centeno "eran correctas" y guardaban congruencia con los pagos que él mismo efectuó durante el año 2008.

El ex directivo también reveló que los pagos no se realizaron en moneda extranjera, sino en pesos argentinos, un hecho que generó molestia en el ex funcionario. Zabaleta recordó una conversación telefónica en la que Baratta, al enterarse de que el dinero sería entregado en moneda nacional, reaccionó con enojo, llegando a amenazar con "cortar el gas en la sede de Campana". Al ser consultado por la fiscalía sobre si estas expresiones podrían considerarse presiones, el testigo respondió que sí, aunque aclaró que en aquel momento no se sintió intimidado debido a la falta de disponibilidad de dólares.

Sobre la procedencia de los fondos y las órdenes recibidas, Zabaleta fue tajante: indicó que fue Luis Betnaza, entonces Director de Relaciones Institucionales de Techint, quien le instruyó la entrega de los paquetes. Explicó que el dinero provenía de Techint Finanzas, una entidad que manejaba cuentas bancarias en el exterior y utilizaba dividendos de la firma. Para ilustrar el uso de estos fondos, comparó la situación con un rescate pagado anteriormente por la empresa tras el secuestro de un ingeniero por parte de una guerrilla colombiana.

La declaración no estuvo exenta de controversias procesales. La defensa de Roberto Baratta, representada por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, calificó de "inédito" que un imputado colaborador que posteriormente fue sobreseído sea citado ahora como testigo. La defensa argumentó que esta situación vulnera el derecho de defensa al impedir confrontar contradicciones. De hecho, Gómez Alcorta expuso discrepancias en el relato de Zabaleta, específicamente sobre si el aviso del primer pago ocurrió un día o diez días antes de la entrega. Ante esto, el testigo respondió que, debido a que su declaración como arrepentido ocurrió hace ocho años, es posible que en aquel entonces tuviera los plazos más frescos.

Finalmente, el caso plantea una distinción jurídica fundamental. Zabaleta y otros directivos de Techint fueron sobreseídos previamente bajo el argumento de que estos pagos no formaban parte del esquema habitual de retornos por obras públicas en Argentina. Según la justicia, el dinero fue entregado en un contexto de "urgencia e inminencia de un peligro concreto" relacionado con la expropiación de la siderúrgica Sidor en Venezuela por parte de Hugo Chávez. En aquel entonces, la integridad física y la libertad del personal argentino en Venezuela estaban en riesgo, y los pagos a Baratta habrían tenido como fin que el gobierno de Cristina Kirchner intercediera humanitariamente para repatriar a los trabajadores.