La Corte Suprema de Estados Unidos determinó este lunes que el presidente Donald Trump puede comenzar a aplicar diversas secciones de un decreto ejecutivo diseñado para restringir el voto por correo. Esta decisión judicial introduce un nuevo nivel de incertidumbre sobre las normativas de votación para las próximas elecciones legislativas de noviembre, aunque el tribunal reconoció que nuevas impugnaciones legales podrían retrasar la implementación total del plan antes de la jornada electoral.
El fallo, emitido a través de una orden de 10 páginas mediante una opinión sin firma, fue recibido con el desacuerdo de los tres jueces liberales de la corte. La resolución permite que el Gobierno avance con una propuesta para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elabore listas específicas por estado de las personas que la administración considera aptas para votar, particularmente en aquellos estados gobernados por demócratas que habían impugnado el plan originalmente.
Asimismo, el máximo tribunal dio luz verde al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) para implementar requisitos adicionales a los estados que deseen enviar papeletas por correo. Estas medidas exigen que los estados presenten sus propias listas de votantes aptos a la agencia e incluyan información en los sobres de las papeletas para permitir su seguimiento. No obstante, la implementación de este aspecto específico se encuentra actualmente bloqueada en todo el país por un tribunal inferior en un caso separado, lo que sugiere que serán necesarias más acciones judiciales y posibles recursos de emergencia antes de que el USPS pueda ejecutar estas normas. Al respecto, el tribunal señaló en su orden que, si la norma definitiva del Servicio Postal perjudica a los estados, estos mantendrán el derecho de impugnarla.
Es fundamental destacar que la decisión de la Corte Suprema no se pronunció sobre la legalidad del decreto de Trump, sino estrictamente sobre el momento procesal en que fue impugnada la medida. El tribunal dejó claro que el hecho de resolver esta solicitud no implica que cualquier acción gubernamental para implementar la orden sea necesariamente legal, afirmando que "el tiempo lo dirá".
Esta resolución representa un revés para los estados demócratas, quienes advirtieron que ahora deberán desviar recursos y tiempo de los preparativos electorales, a menos de tres meses de los comicios. Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor de la Universidad de Georgetown, describió el fallo como una victoria temporal para Trump, pero aclaró que el camino no está totalmente despejado, ya que tribunales de distrito, como el de Massachusetts, aún podrían bloquear la norma del USPS.
El clima en la Corte Suprema se ha vuelto especialmente polarizado este año. La mayoría conservadora de 6 a 3 ya había debilitado la Ley de Derecho al Voto en abril en un caso relacionado con Louisiana. En el presente fallo, la magistrada Sonia Sotomayor, respaldada por Elena Kagan, argumentó que los tribunales inferiores tenían la autoridad para fallar a favor de los estados demócratas y subrayó que el Poder Ejecutivo no ha demostrado tener la autoridad constitucional o legal para implementar tales directrices.
Por su parte, la magistrada Ketanji Brown Jackson emitió un voto disidente contundente, calificando la situación como una "pesadilla kafkiana". Jackson criticó que el fallo introduce caos e incertidumbre innecesaria en las elecciones de mitad de término, señalando una incoherencia en la mayoría conservadora sobre cuándo es el momento oportuno para impugnar políticas electorales. Según la jueza, mientras que en el pasado se rechazaban demandas por presentarse demasiado tarde, ahora se sugiere que pueden presentarse demasiado pronto.
El decreto original, firmado en marzo, otorga al USPS y al DHS funciones sin precedentes en la administración electoral, permitiéndoles revisar padrones en busca de no ciudadanos y regular los programas de voto por correo. Mientras el Departamento de Justicia defiende la medida como necesaria para la "integridad electoral", los estados demócratas sostienen que el control federal sobre las elecciones es una amenaza para la democracia, ya que, según la Constitución, son los estados y el Congreso quienes determinan los procedimientos de votación.
El plan de Trump incluye la prohibición de que el USPS entregue boletas a personas que no figuren en las listas de elegibilidad y la prioridad de procesar federalmente a funcionarios electorales que permitan el voto de personas no ciudadanas. Además, el DHS buscaría crear listas de ciudadanos estadounidenses por estado, que podrían ser utilizadas como "prueba relevante" en procesos penales relacionados con el voto ilegal.
A pesar de que Trump ha promovido teorías sobre fraude electoral generalizado para desacreditar las elecciones de 2020, el texto fuente indica que el voto indebido es poco frecuente y que el Gobierno nunca presentó pruebas de un fraude a escala que pudiera influir en los resultados.
Finalmente, la disputa legal ha transitado por diversos tribunales. Mientras que juzgados federales de Boston bloquearon el decreto en 23 estados demócratas, un tribunal de apelaciones en Washington permitió su avance. El Gobierno de Trump intentó argumentar que la demanda no estaba "madura" porque las regulaciones no eran definitivas, pero el Servicio Postal emitió recientemente una norma de 95 páginas que detalla la obligatoriedad de códigos de barras y el registro en un nuevo portal de elegibilidad, debilitando el argumento de la administración sobre la prematuridad de la demanda.
