El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, se pronunció recientemente sobre la controversia suscitada a raíz de una carta ciudadana que sugería cambios profundos en la administración del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). En dicha misiva, se planteaba que la gestión del museo sea transferida del Ministerio de Cultura, actualmente liderado por el ministro Alberto Beingolea, hacia la cartera de Justicia.
En un diálogo con el diario Correo, Álvarez Miranda fue enfático al desmarcarse de la gestión directa de la carta. El ministro aclaró que no participó en la iniciativa, ni en la redacción, ni en la recolección de firmas, negando además haber presionado a la presidenta de la República para concretar este cambio. Precisó que el documento fue redactado por personas a quienes conoce por su profesión, pero con quienes no coordinó previamente, ya que no existía tal necesidad. No obstante, admitió haber retuiteado la carta en la red social X como una muestra de apoyo a una iniciativa que coincidía con posturas que él ya había expresado anteriormente.
Para el titular de Justicia, un espacio tan sensible como el LUM debería estar bajo la tutela del sector de derechos humanos. Sin embargo, reconoció que, en los planes actuales del Gobierno, este traslado no representa una prioridad inmediata. A pesar de ello, Álvarez Miranda aprovechó la oportunidad para lanzar duras críticas contra la perspectiva actual del museo, asegurando que es necesario "reorganizarlo todo" debido a que el relato transmitido "no coincide con la realidad".
El ministro señaló que existe un sector considerable de la población que se siente afectada por la forma en que el LUM enfoca el fenómeno terrorista ocurrido entre las décadas de 1980 y 1990. Según Álvarez Miranda, quienes diseñaron el museo, vinculados a sectores de izquierda, mantienen una postura "dogmática" y "cuasi religiosa", imponiendo la idea de que cualquier cuestionamiento al contenido del recinto es un acto antidemocrático. El funcionario calificó esta actitud como contraria a un Estado de Derecho, argumentando que, así como se pueden objetar sentencias judiciales o leyes del Congreso, los ciudadanos también deben tener el derecho de objetar la narrativa del LUM.
En cuanto al fondo del problema, el ministro sostuvo que el museo presenta la historia como una guerra entre grupos subversivos y militares, donde el pueblo peruano fue la víctima colateral de un conflicto ajeno. Álvarez Miranda rechazó tajantemente esta visión, afirmando que la historia real comienza con la decisión de un "grupúsculo marxista" de levantarse en armas por ideología y no por necesidad política, iniciando una campaña de asesinatos contra policías y bodegueros bajo la etiqueta de "capitalistas".
El titular de Justicia subrayó que la responsabilidad primaria del terrorismo recae en los propios terroristas, así como en los medios de comunicación que los justificaron y en sectores de izquierda que promovieron la liberación de sus líderes. Si bien reconoció que hubo militares y policías que cometieron "excesos y barbaridades" por ignorancia o malicia, enfatizó que muchos de ellos ya han sido juzgados y condenados por el Poder Judicial. Comparó la complejidad de esta lucha con los casos de la Rote Armee Fraktion en Alemania o las Brigadas Rojas en Italia, donde el terrorista se oculta cobardemente entre la población civil.
Una de las críticas más severas del ministro se centró en la invisibilización de las víctimas provenientes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como de sus familiares, quienes no habrían sido escuchados en la concepción del museo. Según Álvarez Miranda, el LUM se ha centrado en resaltar los episodios de barbarie cometidos por uniformados, ocultando el sacrificio de miles de efectivos que murieron defendiendo a la sociedad.
Finalmente, el ministro propuso una reorganización técnica total del museo, desde su concepción hasta su ejecución, para evitar que la historia se fragmente en espacios determinados y asegurar que las nuevas generaciones reciban una educación basada en los hechos. Criticó que los planes de estudio escolares hayan ocultado maliciosamente estos sucesos. Respecto a la "inclusión social", cuestionó que este concepto, basado en tendencias ideológicas, esté mezclado con la explicación del terrorismo, sugiriendo que la marginación racial o de infraestructura no tienen lugar en un museo destinado a narrar un episodio sanguinario motivado por el marxismo-leninismo.
Sobre la coordinación con el Ministerio de Cultura, Álvarez Miranda indicó que no ha existido debate ni conflicto con el ministro Beingolea, y que hasta la fecha no hay ninguna solicitud formal para evaluar el traslado del LUM. El ministro concluyó que el Gobierno se encuentra concentrado en prioridades urgentes como la seguridad, la legislación delegada y la preparación ante el fenómeno El Niño, dejando cualquier conversación sobre la gestión del museo posiblemente para finales de año.
