Lucy Laborde, quien se desempeñó como la fiscal encargada del proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, ha hecho públicas graves denuncias relacionadas con presuntas presiones ejercidas por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Según el relato de Laborde, la máxima autoridad de la Fiscalía le habría solicitado directamente retirar el delito de lavado de activos de la imputación, sugiriendo que se mantuviera únicamente el cargo de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con la exfuncionaria, estas instrucciones fueron impartidas durante una reunión llevada a cabo en el despacho de la fiscal general, encuentro en el cual estuvieron presentes diversos funcionarios. Laborde sostiene que se negó rotundamente a acatar dicha directriz, fundamentando su decisión en que, bajo su criterio profesional y el análisis del caso, existía evidencia suficiente y sólida para sostener la acusación por el delito de lavado de activos.
La exfiscal detalló el intercambio verbal ocurrido durante dicha sesión en una entrevista concedida a la revista Semana. Según Laborde, la fiscal general le preguntó: “Bueno doctora, ¿y cómo ve el lavado de activos?”, a lo que ella respondió afirmando que sí existían elementos para dicho cargo. Ante esta respuesta, la fiscal general habría replicado: “¿Por qué no le quita el lavado de activos y le deja enriquecimiento ilícito?”.
Tras su negativa a modificar la imputación, Lucy Laborde relató que comenzó a experimentar una serie de presiones internas dentro de la institución. La funcionaria señaló que fue trasladada a la ciudad de Barranquilla, donde afirma haber enfrentado condiciones laborales precarias. Laborde denunció que en su nuevo destino no contó con el apoyo de sus superiores, careciendo de una oficina propia y de recursos básicos esenciales para el ejercicio de sus funciones, tales como un asistente o una impresora.
La exfuncionaria aseguró que este desplazamiento y las condiciones materiales deficientes afectaron gravemente la continuidad del proceso judicial. Además, señaló que el fiscal designado para reemplazarla en el caso tampoco contó con los investigadores necesarios, lo que entorpeció la labor judicial. Laborde atribuyó estas acciones directamente a la fiscal general y a sus subalternos, concluyendo que su salida del caso fue la consecuencia directa de no haber acatado la instrucción de retirar el cargo de lavado de activos.
Por su parte, el expresidente Gustavo Petro reaccionó a las declaraciones de Laborde a través de la red social X. El exmandatario sostuvo que la funcionaria simplemente terminó su periodo y fue reemplazada por un fiscal de concurso, quien, según sus palabras, debe tomar sus decisiones de manera libre y ajustadas a derecho. Petro manifestó su confianza en la justicia colombiana, afirmando que tanto él como su hijo están sometidos a ella.
En relación con los señalamientos sobre el origen de los recursos, el expresidente negó cualquier vínculo con dineros provenientes del narcotráfico o aportes ilegales en su campaña presidencial. Petro afirmó que no hubo fondos del narco ni dineros de la "familia rota" en su campaña, subrayando que ambos esposos involucrados afirmaron bajo juramento que tal posibilidad no existía.
En su defensa, Petro compartió detalles sobre su situación patrimonial y personal, indicando que se encuentra separado y divorciado, lo que ha reducido su patrimonio, el cual asegura fue forjado para el año 2011, antes de asumir la alcaldía de Bogotá. Mencionó que aún mantiene obligaciones financieras con Colpatria, alegando que la entidad no ha recibido sus cesantías para quedar a paz y salvo. Finalmente, Petro pidió respeto por su intimidad y vida privada, mencionando que ha sido reconocido su derecho a la pensión y que aspira a formar un nuevo hogar basado en la libertad, la igualdad y la solidaridad.
En cuanto al estado procesal, el caso contra Nicolás Petro Burgos entró en una pausa el pasado martes 2 de junio de 2026. El Juzgado Segundo Penal con funciones de conocimiento cerró la etapa preparatoria. No obstante, el inicio del juicio oral permanece condicionado a la resolución del Tribunal Superior de Barranquilla sobre más de 800 apelaciones de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, la defensa y la Procuraduría General de la Nación.
