Apenas un día después de haber presentado la política general de gobierno ante el Congreso de la República, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se pronunció sobre la controversia generada en torno a la permanencia del general Óscar Arriola al frente de la Policía Nacional del Perú (PNP). Estas declaraciones surgen en un contexto de cuestionamientos sobre la gestión del mando policial y las limitaciones legales que impiden un cambio inmediato en el liderazgo de la institución.
La controversia se intensificó luego de que el ministro del Interior, César Astudillo, señalara públicamente que existen causales legales que protegen al actual comandante general. Según el titular del Interior, estas disposiciones actúan como "candados", los cuales resultan difíciles de cumplir para proceder con una remoción conforme a la normativa vigente. Esta situación ha puesto en evidencia la rigidez del marco legal que rige los nombramientos y ceses en la alta cúpula policial.
En una entrevista concedida a RPP, el premier Luis Galarreta fue consultado específicamente sobre estas limitaciones legales. Durante su intervención, el jefe del Gabinete admitió que el Ejecutivo podría haber incurrido en una equivocación al respaldar la ley que establece un mandato fijo de dos años para quien asuma el cargo de comandante general de la Policía Nacional. Es importante precisar que dicha medida legislativa fue impulsada originalmente por la bancada de Fuerza Popular durante el periodo gubernamental de Pedro Castillo.
Galarreta profundizó en el origen de esta norma para explicar el contexto en el que fue concebida. Recordó que la ley se implementó como una respuesta a la inestabilidad generada por el expresidente Pedro Castillo, quien realizaba cambios constantes y frecuentes en los mandos de las Fuerzas Armadas. En aquel momento, se consideró necesario blindar la permanencia de los jefes militares y policiales para evitar la politización o el uso arbitrario de los cambios de mando.
Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros marcó una distinción fundamental entre las instituciones. Si bien sostuvo que mantener un periodo fijo resulta prudente y adecuado para el caso de las Fuerzas Armadas, reconoció que, al trasladar este mismo esquema a la Policía Nacional, se puede haber cometido un error. Galarreta argumentó que la naturaleza de la labor policial es distinta, ya que la lucha contra la criminalidad se enfrenta a una dinámica que cambia de forma acelerada.
Según el premier, la institución policial requiere de una capacidad de respuesta que sea igual de rápida que la evolución del crimen organizado y la delincuencia común. En ese sentido, sostuvo que fijar un periodo cerrado de dos años para el mando general se convierte en un obstáculo, ya que impide que el Gobierno pueda medir con precisión y oportunidad si el mando está operando correctamente o si, por el contrario, está fallando en sus objetivos estratégicos.
Ante el panorama de restricciones legales para remover al general Óscar Arriola, Galarreta adelantó que el Gobierno no permanecerá inactivo frente a este escenario. El jefe del Gabinete indicó que buscarán modificar el marco normativo actual mediante el próximo pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo planteará al Congreso. De acuerdo con Galarreta, la delegación de estas facultades podría abrir el espacio legal necesario para resolver la situación del mando policial.
Esta postura del premier se encuentra alineada con la visión del ministro del Interior, César Astudillo. El titular del Interior confirmó que la presidenta de la República ya tiene conocimiento de la propuesta orientada a modificar la ley que actualmente impide el cambio del comandante general Arriola. Astudillo enfatizó que este tema ya se encuentra en la agenda oficial del Gobierno, subrayando que la conducción de una entidad tan crítica como la Policía Nacional del Perú debe regirse por reglas que sean claras y estén definidas de manera eficiente.
