politicaSenador Miguel Ángel Barreto bajo vigilancia electrónica por presunto tráfico de influencias
El senador Miguel Ángel Barreto es investigado por su supuesta participación en el entramado de corrupción denominado Marionetas 2.0. En medio de su proceso judicial, la Corte Suprema lo dejó en libertad, pero bajo vigilancia electrónica con brazalete. Barreto, del Partido Conservador, es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público e interés indebido en la celebración de contratos, pues, al parecer, habría utilizado su poder político para realizar maniobras orientadas a direccionar e influir en la adjudicación de contratos públicos estatales. El congresista estaría involucrado en el llamado caso Marionetas 2.0, que es considerado por la justicia como una continuación de un entramado de corrupción liderado originalmente por el fallecido exsenador liberal Mario Castaño, quien encabezó una red criminal que, entre 2020 y 2022, acordó desviar contratos de obras públicas a cambio de sobornos. Para la justicia, Barreto tendría relación con un entramado con el mismo modus operandi de la red liderada por el exsenador Castaño, quien murió en prisión en el 2023. En esta réplica, varios congresistas y funcionarios públicos habrían intervenido ilegalmente en la asignación de recursos en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado para el Desarrollo Territorial (Proyecta). Lea también: Los conservadores “consentidos” de Petro que seguirán en el Congreso Mientras avanzan las investigaciones, la Corte determinó que Barreto no irá a prisión preventiva, pero deberá someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica controlado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Igualmente, el congresista deberá pagar una caución económica de 40 millones de pesos como garantía de cumplimiento de las órdenes judiciales y tendrá una prohibición total de tener contacto con los testigos involucrados en el proceso . Con estas medidas, Barreto podrá afrontar su proceso judicial en libertad y continuar asistiendo al Congreso de la República. El caso Marionetas 2.0, cuya investigación aún avanza ante la justicia, busca establecer responsabilidades sobre la intervención ilegal de congresistas y funcionarios públicos en la asignación de recursos destinados a la paz y a obras regionales a cambio de porcentajes de dinero o apoyo en elecciones. Sobre este, ya fue condenado el exsenador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, quien habría aprovechado su cargo para direccionar 13 contratos de este entramado en Quindío y Tolima por un valor de $24.606 millones. En marzo de este año fue condenado a 23 años de prisión. Además, es investigado Pierre García Jacquier. El exfuncionario del DPS también enfrenta cargos por su presunta participación en el direccionamiento de los millonarios recursos de la entidad. Por el lado de Proyecta es investigado su exgerente Pablo Herrera Correa. Respecto al congresista del Partido Conservador, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema tras identificar que un contratista llamado Andrés José Ospina Rosales, presunto “beneficiario” de Barreto, habría concertado con el senador y con el entonces subdirector del DPS, Pierre García, el direccionamiento de múltiples contrato. En medio de las pesquisas, Ospina Rosales fue acusado de beneficiarse de cuatro contratos de obra y consultoría en el Tolima durante el año 2022. Dichos negocios se habrían derivado de un convenio macro en el DPS, y la Fiscalía sostiene que el verdadero dueño de esos contratos era el senador Miguel Ángel Barreto. El senador Barreto, aparte de las acusaciones por su presunta participación en el caso Marionetas 2.0, enfrenta otro proceso judicial que viene desde octubre de 2021, cuando la Corte le abrió una indagación preliminar por los presuntos delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, pues al parecer no habría reportado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una donación de 20 millones de pesos realizada por un comerciante para financiar su campaña al Senado en el periodo 2018-2022. Siga leyendo: Corte Suprema acusa a senador de no reportar una donación de 20 millones para su campaña Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas
viernes, 21 de agosto de 2026, 12:41
CO
elcolombiano
La Corte Suprema de Justicia ha impuesto una medida de vigilancia electrónica al senador Miguel Ángel Barreto, miembro del Partido Conservador, en el marco de las investigaciones que se adelantan contra él por presunto tráfico de influencias. El legislador, quien se encuentra bajo la lupa de las autoridades judiciales, deberá portar un brazalete electrónico controlado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) mientras avanza su proceso.
El proceso judicial contra Barreto se centra en las acusaciones por los delitos de tráfico de influencias de servidor público e interés indebido en la celebración de contratos. Según las investigaciones, el congresista habría utilizado su posición y poder político para ejecutar diversas maniobras destinadas a direccionar e influir en la adjudicación de contratos públicos estatales, desviando los procesos legales de contratación.
Estas investigaciones están vinculadas al denominado caso "Marionetas 2.0", una trama de corrupción que la justicia considera como la continuación de una red criminal liderada originalmente por el fallecido exsenador liberal Mario Castaño. Castaño, quien murió en prisión en el año 2023, había encabezado una organización que entre los años 2020 y 2022 coordinó el desvío de contratos de obras públicas a cambio de sobornos. Para los entes judiciales, Barreto estaría relacionado con una réplica de este entramado, operando bajo el mismo modus operandi.
En esta estructura criminal, diversos congresistas y funcionarios públicos habrían intervenido de manera ilegal en la asignación de recursos provenientes del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y de la Empresa Industrial y Comercial del Estado para el Desarrollo Territorial, conocida como Proyecta. El objetivo de estas intervenciones era, presuntamente, obtener porcentajes de dinero o asegurar apoyo en procesos electorales a cambio de direccionar recursos destinados a la paz y a obras regionales.
A pesar de la gravedad de las investigaciones, la Corte Suprema determinó que el senador Barreto no será trasladado a una prisión preventiva. No obstante, para garantizar que el legislador cumpla con las órdenes judiciales, se le ha exigido el pago de una caución económica de 40 millones de pesos. Adicionalmente, se le ha impuesto una prohibición total de mantener cualquier tipo de contacto con los testigos involucrados en el proceso. Gracias a estas medidas, Barreto podrá continuar asistiendo al Congreso de la República y afrontar su juicio en libertad.
El caso "Marionetas 2.0" ya ha dejado condenas significativas. El exsenador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, fue sentenciado en marzo de este año a 23 años de prisión. Ramírez habría utilizado su cargo para direccionar 13 contratos en los departamentos de Quindío y Tolima, los cuales estaban valorados en un total de 24.606 millones de pesos. Asimismo, la justicia investiga a Pierre García Jacquier, exfuncionario del DPS, y a Pablo Herrera Correa, exgerente de Proyecta, por su presunta participación en el direccionamiento de estos millonarios recursos.
En el caso específico del senador Barreto, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema tras identificar a un contratista llamado Andrés José Ospina Rosales. Según la Fiscalía, Ospina Rosales habría actuado como el presunto "beneficiario" de Barreto, concertando con el senador y con Pierre García el direccionamiento de múltiples contratos. Específicamente, se señala que Ospina se benefició de cuatro contratos de obra y consultoría en el Tolima durante el año 2022, derivados de un convenio macro en el DPS. La tesis de la Fiscalía sostiene que el verdadero dueño y beneficiario de esos contratos era el senador Miguel Ángel Barreto.
Finalmente, cabe destacar que el legislador conservador no solo enfrenta el proceso por el caso "Marionetas 2.0". Desde octubre de 2021, la Corte Suprema mantiene una indagación preliminar contra él por presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. Este segundo proceso se originó debido a que Barreto presuntamente no reportó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una donación de 20 millones de pesos realizada por un comerciante para financiar su campaña al Senado durante el periodo 2018-2022.
