El perito Castelo Branco, quien se desempeña como presidente del Instituto de Perícia Investigativa y es el responsable del informe privado sobre los gastos derivados de “Dark Horse” —la producción cinematográfica centrada en la figura del expresidente Jair Bolsonaro— ha admitido que su trabajo presenta limitaciones significativas. Específicamente, el experto reconoció que el análisis realizado no permite identificar el destino final de los recursos económicos una vez que la productora efectuó los pagos a las empresas contratadas para el proyecto.
Esta revelación surge a partir de información difundida por el periodista Paulo Motoryn en su boletín de Substack. De acuerdo con el reporte, Castelo Branco fue cuestionado sobre si había evaluado si los montos cobrados por la producción eran compatibles con los precios estándar practicados en el mercado audiovisual. Ante esta interrogante, el perito fue categórico al responder: “No, yo no hice ese tipo de análisis”, confirmando así que no se examinó la razonabilidad de los costos del largometraje frente a los parámetros del sector cinematográfico.
Estas declaraciones generan un contraste directo con la postura adoptada por Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) a la Presidencia. Durante una agenda oficial en São Paulo, Flávio Bolsonaro había asegurado que la controversia en torno a los 23 millones de dólares negociados con Daniel Vorcaro era un tema que ya estaba en una “página virada”, sugiriendo que el asunto había sido superado. Es importante señalar que la rendición de cuentas a la que hace referencia el político se fundamenta precisamente en la pericia que fue anexada a un inquérito de la Policía Civil de São Paulo.
En cuanto a la metodología y el alcance de su trabajo, Castelo Branco explicó que su labor consistió en verificar las transferencias y las despesas que fueron debidamente registradas. Sin embargo, aclaró que no realizó un seguimiento de las movimentaciones posteriores efectuadas por los proveedores. El perito utilizó una analogía técnica para explicar esta brecha, declarando: “No consigo controlar lo que sucede de la tercera capa hacia atrás”. Con esto, admitió que las empresas que recibieron los pagos iniciales podrían haber destinado esos recursos a terceros, una operación que no quedaría reflejada en el laudo pericial.
Sobre el origen de los fondos, el experto afirmó poseer documentación que acredita las transferencias realizadas desde el fondo estadounidense Havengate Development LP hacia GoUp Entertainment, la productora encargada del proyecto. Según Castelo Branco, estos pagos se efectuaron de manera fraccionada y representarían, en sus palabras, “si no el 100%, algo muy cercano a eso” de los recursos utilizados para la película. No obstante, el perito no proporcionó la cifra total exacta de dichas transferencias durante sus declaraciones.
Por su parte, la Policía Federal (PF) ha tomado cartas en el asunto y ha solicitado información adicional detallada sobre la pericia. Entre los requerimientos de la corporación se encuentran datos precisos sobre las transferencias, las despesas operativas y los costos totales de la producción. Ante este pedido, el responsable del laudo indicó que ha solicitado al delegado a cargo que aclare exactamente cuáles son los documentos requeridos y en qué formato de entrega espera recibirlos la institución policial.
Actualmente, el documento que se ha divulgado divide los gastos entre producción nacional e internacional y enumera diversas categorías de despesas. Sin embargo, el informe carece de una individualización completa de todos los proveedores, los pagos específicos y los comprobantes fiscales correspondientes. Castelo Branco sostuvo que cuenta con información más detallada y aseguró que su equipo está en disposición de preparar un laudo complementario, una vez que reciba la respuesta formal de la Policía Federal.
Finalmente, el perito abordó las dudas sobre su imparcialidad, negando cualquier tipo de alineamiento político con el bolsonarismo. Castelo Branco enfatizó que su actuación ha sido estrictamente técnica, subrayando que no es candidato a ningún cargo público ni tiene intenciones de serlo en el futuro. Estas declaraciones se produjeron en el contexto de comentarios sobre su participación en un programa de la Revista Oeste y su relación profesional con el abogado Ricardo Sayeg, reiterando que su trabajo se rige exclusivamente por criterios técnicos.



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